El Gobierno quiere endurecer el Código Penal para parar la turismofobia

El Gobierno está diseñando un plan para hacer frente a la turismofobia desatada en determinadas regiones de España en un verano que promete ser el más exitoso de la historia en el sector. La intención de Moncloa, según fuentes consultadas por OKDIARIO, es plantear un endurecimiento del Código Penal (CP) para hacer frente a un fenómeno que amenaza a la mayor industria de España: en 2016, nuestro país recibió a 75,3 millones de turistas y este año se prevé alcanzar la cifra de 80 millones.

Los miembros del Ejecutivo están de vacaciones, pero en realidad el Gobierno no deja de trabajar. Éste es un verano en el que el gabinete de Mariano Rajoy está teniendo que afrontar una gran cantidad de conflictos, derivados en su mayoría de la radicalización de las posturas y actitudes de determinados actores políticos que tratan de ganar saltándose las leyes lo que no alcanzan con la fuerza de los votos.

Y uno de los desafíos que más preocupan es el fenómeno de la turismofobia —cada vez más cercano a la kale borroka de las calles vascas de finales de los 90 y principios de los 2000— que han desatado los colectivos juveniles vinculados a la CUP.

El grupo antisistema que sirve de sostén al proceso independentista de Carles Puigdemont ha encontrado un filón en Cataluña que ya se ha extendido a las Islas Baleares —donde sus homólogos ya han protagonizado actos vandálicos contra intereses del sector— y al País Vasco —región en la que los hasta hace poco durmientes ‘borrokas’ se han envalentonado tras ver cómo los radicales de Arran han recuperado sus viejos métodos—.

Contra el patrimonio de los alborotadores

La idea principal del Ejecutivo es actuar contra el patrimonio de los alborotadores. El gabinete de Mariano Rajoy estudia la implantación de medidas que den armas a los jueces para hacer pagar los daños causados a sus responsables.

Así, como cuando se luchaba contra la ‘kale borroka’ en el País Vasco, los destrozos ocasionados por menores serán sufragados por sus padres, como responsables penales del infractor. En el caso de los mayores de edad, serán ellos mismos los que deberán hacer frente a los gastos de reparación o reconstrucción de los objetos que hayan vandalizado.

Una estrategia similar ya ha surtido efecto en la lucha contra los impulsores políticos del proceso independentista en Cataluña. La última crisis de Gobierno de Puigdemont vino ocasionada por las dudas que se generaron entre algunos de los integrantes de su gabinete cuando se cercioraron de que deberían hacer frente personalmente y con su patrimonio a la reposición del dinero público desviado de los presupuestos públicos para la compra de urnas y papeletas destinados al referéndum ilegal anunciado para el próximo 1 de octubre.

A principios de julio, el entonces consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, admitió públicamente que “el Estado tiene tanta fuerza que probablemente” no será posible celebrar el referéndum tal como lo plantean sino, con suerte, “alguna cosa que se puede parecer al 9N”. Pero sobre todo se mostró asustado con la posibilidad de tener que pagar de su bolsillo el imposible camino ala independencia:  «Puedo aguantar tener que ir a prisión, pero no que me toquen el patrimonio”, ya que esto último afectaría a su familia.

Al día siguiente, fue destituido. Y en una semana, Puigdemont purgó a otros tres consejeros de la Generalitat, tras reunirse uno por uno con ellos para sondear su grado de «compromiso».

La importancia económica del turismo

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave, la patronal catalana de agencias de ámbito estatal) calculó el pasado junio que las reservas de viajes para este verano aumentarían alrededor de un 10%, siguiendo la tendencia al alza iniciada hace dos años. Martí sarrate, presidente de Acave, aseguraba que en 2017 «superaremos los récords de recepción de turistas y tenemos que saber cómo gestionarlo”. Ya se temía el sector una explosión de turismofobia que podría dañar un sector que aporta gran parte del PIB del país, algo más del 11%.

Incluso, en una comunidad como la de las Islas Baleares, también afectada por estos brotes radicales de turismofobia, el sector supone más del 45% del PIB total.

Más a la luz de las cifras de “turismo prestado” (el que viaja a España por conflictos bélicos en otros países y otros problemas) que admiten las patronales turísticas: más de 10 millones de visitantes este año serán el objetivo a fidelizar, y el 25% de ellos tiene como destino Catalunya.

El presidente, «obsesionado»

Por esta razón, y según fuentes cercanas a la Presidencia, Rajoy está «obsesionado» con el asunto y «muy preocupado» por las consecuencias que en cuestión de imagen de cara al exterior pueden causar los ataques a los autobuses turísticos en Barcelona, o los sabotajes a establecimientos de la capital catalana, como locales de consigna de maletas y negocios de alquiler de bicicletas a turistas del distrito de Ciutat Vella.

Así, el Gobierno prevé hacer retoques en el Código Penal para tener mejores armas contra este tipo de vandalismo. La principal medida consistiría en que estos sabotajes reciban el castigo legal que durante años se otorgó al terrorismo callejero de la kale borroka, más allá de que en el Ejecutivo insisten en que no se deben confundir las acciones de estos radicales con «terrorismo».

En el año 2000, el cambio penal impulsado por el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, sí amplió el delito de terrorismo a los daños ocasionados al mobiliario urbano por parte de los cachorros de ETA. Hasta entonces, sólo se consideraba terrorismo a aquellos delitos que pusieran en riesgo la vida o la integridad física de las personas.

Sin embargo, el endurecimiento en la consideración penal de los actos de los actuales vándalos de la turismofobia —contemplada en el Capítulo IX del CP— podría suponer elevar las penas mínimas de cárcel a dos años. Esto daría una poderosa arma a los jueces, que podrían decretar para los detenidos la prisión provisional cuando lo estimen conveniente.

El propio ministro del ramo, Álvaro Nadal, aseguró hace unos días que el Gobierno de España no va a consentir estos ataques al sector turístico y advirtió de que el Ejecutivo actuará con la máxima contundencia para perseguir ese tipo de actos vandálicos hasta las últimas consecuencias.

Este mismo lunes, más de un centenar de personas, en su mayoría jóvenes, secundó en Vitoria la convocatoria de Ernai, la organización juvenil de la formación proetarra Sortu, para mostrar su oposición al modelo turístico actual y reclamar un nuevo orden social. Y el jueves 17 de agosto los mismos cachorros de Arnaldo Otegi han convocado una marcha en San Sebastián «contra el turismo masificado».