El Gobierno pretende arrebatar el control de Duro Felguera a los accionistas a cambio del rescate
El rescate de Duro Felguera lleva camino de convertirse en el segundo gran escándalo del Gobierno en la gestión de las ayudas a las empresas golpeadas por el Covid. La compañía, privada y cotizada, se encuentra pendiente de la confirmación del plan de refinanciación y ayuda, donde la anunciada inyección de 120 millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es decisiva.
Pero lo que no saben los accionistas es que las dudas sobre la concesión de las ayudas empiezan a ser generalizadas. Y que, ante ese riesgo, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha exigido arrebatar las funciones básicas de control a los accionistas y al propio consejo de administración. Y es que, tal y como pretenden los organismos representantes del Gobierno, en todo tipo de decisiones estratégicas, deberá dar el consentimiento previo ese Consejo Gestor -es decir la SEPI y los ministerios económicos de Pedro Sánchez-.
Los días 29 y 30 de junio próximos está convocada la junta de accionistas de Duro Felguera en plena disputa por el rescate y el futuro de la compañía. Los accionistas acuden allí citados por el Consejo de Administración de Duro Felguera, que acordó “en su sesión de 26 de mayo de 2021, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración el día 29 de junio de 2021, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro, Paseo Dr. Fleming, 481. 33203, Gijón, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora”, tal y como señala la convocatoria.
Acuden los accionistas teóricamente para aprobar las cuentas, proceder a la “ratificación, reelección y nombramiento de vocales del Consejo de Administración”; “modificar las obligaciones convertibles Clase “A” emitidas por la Sociedad en el año 2018”; y “cancelar las obligaciones convertibles Clase “B” emitidas por la Sociedad en el año 2018”, como principales puntos.
Pero lo que los accionistas no saben es que a espaldas suyas se ha definido todo un esquema de eliminación de sus funciones y de traslado del control de la compañía al Consejo Gestor organizado por el Gobierno. Los acuerdos del Consejo Gestor liderado por la SEPI incluyen hasta 21 cláusulas de limitación de poderes de la Junta y hasta 23 de cortocircuito al poder natural del consejo de administración. Y todo ello bajo la advertencia de que en cualquiera de las decisiones estratégicas o relevantes de la compañía deberá contarse con el “consentimiento previo, expreso y por escrito del Fondo”, como desvela la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.
Ese fondo no es otro que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y ese organismo nació de la mano del Gobierno para repartir las ayudas y con la venia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sus principales integrantes son la propia SEPI, el Ministerio de Economía, el de Hacienda y el de Transición Ecológica.
Traducido: que, a cambio de un rescate -si llega- de 120 millones de euros, los accionistas o su antiguo consejo de administración pierden el control en cualquier punto decisivo de la empresa como, por ejemplo, decidir sobre “fusiones”, “transformaciones”, renovación de “administradores”, “número de miembros” del órgano de administración, “acuerdos de cotización” de acciones, “cambio de auditor” o hasta el “inicio de procedimientos judiciales”.
Poderes habituales de la junta o el consejo
Todos ellos son poderes habituales de la junta o el consejo. Pero ahora deberán contar con el consentimiento previo de los representantes del Gobierno de Pedro Sánchez. Para colmo, la refinanciación de Duro Felguera no está garantizada: la cotizada ha recibido una primera inyección de 40 millones de euros procedente del rescate público. Un rescate total que deberá sumar 120 millones de euros tal y como aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros con el visto bueno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
OKDIARIO se ha puesto en contacto con la SEPI para conocer su versión de estos hechos y no ha conseguido respuesta alguna. Según detalló la empresa en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Duro Felguera recibía en un primer momento dos préstamos participativos, de 20 millones de euros cada uno. En una segunda fase, prevista para antes de que finalice junio, el grupo de ingeniería debe recibir otro préstamo participativo de 50 millones de euros y el desembolso de otros 30 millones a través de una aportación de capital y un préstamo participativo. Pero esta segunda fase no se ha materializado aún.
Hay que recordar que el grupo asturiano, con sede en Gijón y con cerca de 1.200 trabajadores, perdió el pasado año 171,6 millones de euros, frente al beneficio de 1,4 millones del anterior ejercicio, y cerró 2020 con una deuda bruta de 95,3 millones y un patrimonio neto negativo de 147 millones.
Lo último en España
-
Éste es ‘Julito’ Martínez, el hombre que lo sabe todo sobre los negocios de Zapatero
-
Las imágenes de los acusados del crimen del niño de Garrucha deshaciéndose del cadáver
-
El Gobierno pondrá «puntos violetas» en los ministerios tras ocultar el acoso sexual de Salazar en Moncloa
-
La Legión barre a EEUU en un concurso de drones de guerra en el que se alza con la victoria
-
Aviso muy urgente del METEOCAT para Cataluña: activa la alerta roja y pide no desplazarse
Últimas noticias
-
Éste es ‘Julito’ Martínez, el hombre que lo sabe todo sobre los negocios de Zapatero
-
Lo que no se vio en el Escartín: detallazo de las estrellas del Barça con canteranos del Guadalajara
-
Flick abre la puerta a Ter Stegen: «Le dimos la oportunidad de demostrar que está de vuelta»
-
Lamine Yamal sale de Guadalajara encapuchado y sin hacer caso a los aficionados que le esperaban
-
Trump prohíbe la entrada a EEUU a ciudadanos de Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria