El Gobierno pasa de la sentencia del Supremo: «La Educación es competencia de la Generalitat»

El Gobierno de Pedro Sánchez se desentiende y no piensa actuar contra la Generalitat de Cataluña ante su desacato de la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a asegurar un mínimo del 25% de enseñanza en castellano. El Gobierno catalán ha asegurado que no la cumplirán y el Ejecutivo central se lava las manos defendiendo que las competencias en Educación son de las comunidades autónomas.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán, ya que la Educación está en manos de las comunidades y, por lo tanto, de la Generalitat.

Descarta así tomar ningún tipo de medida. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido suspender la autonomía y así poder tomar el control de Cataluña y asegurar que se cumple con la sentencia del Supremo.

Fuentes gubernamentales han explicado que, como ocurre con cualquier sentencia, los Ministerios afectados están estudiando el caso, y a la espera de ver qué dicen los informes jurídicos que siempre se elaboran en estas situaciones.

«El Gobierno no tiene esas competencias», ha respondido la ministra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, al ser preguntada en concreto sobre si el Ejecutivo va a instar al Govern a cumplir la sentencia de Supremo. Esas competencias son de la Generalitat, según han explicado después las fuentes consultadas.

No obstante, la Generalitat ha dejado claro que no quiere acatar la sentencia y, de hecho, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha exigido este miércoles por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: «Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora».

Aún así, el Ejecutivo entiende que el cumplimiento de esa sentencia depende del Govern, ya que es esta administración y no el Gobierno la que tiene las competencias en Educación. Eso sí, Rodríguez ha defendido que el Ejecutivo central respeta las sentencias y las ejecutiva cuando le corresponde.