El Gobierno paga el viaje de Canarias a la Península a 100 ‘menas’ pese a saber que son mayores de edad

El Gobierno de Pedro Sánchez ha costeado el traslado de más de 100 mayores de edad desde Canarias a la península a través del mecanismo puesto en marcha para reubicar a los menores extranjeros no acompañados (menas). El Ejecutivo, sin embargo, no lo hizo por error, sino tras haber realizado las pruebas pertinentes, pese a admitido que habían reconocido que superaban ya los 18 años. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres asegura haberlo hecho porque están amparados por el Sistema de Acogida y Protección Internacional del Estado.

El ex presidente de Canarias se vanaglorió el pasado martes del traslado de menas del archipiélago a la península en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: «Casi 1.000 menores son los que han sido ya reubicados», ha manifestado, para asegurar que «en los próximos días se superará esa cifra de 1.000 menores en distintos lugares de España y la convivencia se mantiene de manera totalmente normalizada».

Torres ha explicado que a partir del 1 de septiembre se han aplicado dos mecanismos para reubicar a los menores llegados a la frontera sur. El ministro ha aclarado que existen dos formas para realizar esta tarea, una para los llegados antes de la aprobación de la norma y otra para después.

Para poner en marcha el traslado de menas a la península, el Gobierno de Canarias trasladó al Ejecutivo de Sánchez un listado con 1.000 nombres de supuestos menores solicitantes de asilo. Sin embargo, en ese millar de personas, sólo había 693 menores, ya que había varios nombres «triplicados» y, además, «126 eran mayores de edad», admitió Torres en rueda de prensa. «Pero están también en el sistema de acogida de protección internacional», aclara.

La «totalidad» de mayores, reubicados

Desde el propio Gobierno admiten que «la práctica totalidad» de los centenares de esos mayores de edad han sido reubicados en la península con fondos del Gobierno porque estaban bajo el amparo del sistema de acogida internacional. Fuentes del Ejecutivo aclaran que, además, no se da a conocer la ubicación final de estos inmigrantes, pero que «probablemente» estén en centros bajo la tutela del Gobierno central.

Además de los 440 solicitantes de asilo, otros 486 menores, en virtud del Real Decreto-Ley 2/25 de ampliación del Art. 35 de la Ley de Extranjería, han sido reubicados. Por tanto, se trata de un total de 926 menores reubicados en otros territorios de la península.

El titular de Política Territorial ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «casi mil menores son los que han sido ya reubicados» y que «en los próximos días se superará esa cifra». Y, sin embargo, ha recalcado que «la convivencia se mantiene de manera totalmente normalizada».

«Quizás esto haga reflexionar a los partidos que votaron en contra, que fueron, recuerden bien, PP y Vox, se replanteen algo al respecto», ha reprochado el político socialista. Torres ha alabado que el traslado  permite «defender los derechos humanos de personas que son vulnerables, porque son menores de edad y cuyo único fin es tener la mejor respuesta por parte de los organismos públicos».

En todo caso, Política Territorial admite que hay plazos que no se están cumpliendo el Gobierno. El Ejecutivo «debía tener todos los expedientes de los que están en contingencia migratoria en el mes de noviembre y no ha sido así», ha aclarado Torres.

Sin embargo, ha anunciado que el Ministerio cumplirá «con todos los expedientes» y que harán  un esfuerzo para eso: «Hemos suplementado personal, recursos de toda índole para dar la mayor y mejor respuesta a una población que entendemos que defiende los derechos humanos, que es histórica, que es justa, que es solidaria y que hace que tengamos un concepto de Estado frente a lo que es una circunstancia de cualquier menor, que llegan en patera o cayuco a cualquier lugar de España y por tanto, también de Europa».