El Gobierno justifica el pago de asistentes a Juan Carlos I en Emiratos
Moncloa dice que se trata de personal que realiza funciones "de especial confianza"
El Gobierno de Pedro Sánchez justifica el pago de los asistentes desplazados a Emiratos Árabes Unidos para atender y ayudar al Rey Emérito Juan Carlos I por ser personal que realiza funciones «de especial confianza», en base a lo recogido en la Ley reguladora de Patrimonio Nacional.
Así ha respondido de forma estándar el Ejecutivo de Sánchez a la batería de preguntas que registraron varias formaciones en el Congreso tras conocerse que Patrimonio Nacional, institución dependiente del Ministerio de Presidencia, en manos de la socialista Carmen Calvo, esté pagando el coste del personal que atiende al Rey Emérito en Abu Dabi, donde reside desde el pasado mes de agosto.
Varios medios publicaron hace unos mes que el antiguo jefe del Estado cuenta con tres ayudantes de libre designación que se organizan por turnos desde hace medio año. Patrimonio Nacional asume el coste de los salarios de estos tres ayudantes, así como los derivados de su estancia en Emiratos Árabes Unidos.
Carmen Calvo, vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, defendió en su momento que el mantenimiento de esa asistencia a Juan Carlos I a cuenta del Estado es la misma que tiene «cualquier ex jefe de Estado en cualquier país del mundo», incluidos los cuatro ex presidentes del Gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
«De especial confianza»
El Gobierno de Sánchez asegura también que el personal eventual al servicio de los miembros de la Familia Real presta sus servicios conforme a un acuerdo del Consejo de Ministros de 2005, que autorizó a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) a aprobar la relación de puestos de trabajo de personal eventual que realizan funciones calificadas de «especial confianza», tal y como se recoge en la Ley reguladora del Patrimonio Nacional.
El artículo dos de esta norma señala que tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado «afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen».
El Gobierno de coalición del PSOE con Podemos afirma también que el salario y las pagas extraordinarias que se abona a este personal que asiste a Juan Carlos I es el que corresponde a los de los grupos de asimilación, así como las retribuciones, propias del puesto de trabajo, fijadas mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones y las correspondientes comisiones de servicio en los desplazamientos que efectúan en el ejercicio de sus funciones.
Otros eméritos en el mundo
Varios fueron las formaciones que preguntaron al Ejecutivo sobre este asunto a través del Congreso, entre ellos el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). Néstor Rego, diputado en el Congreso, exigió al Gobierno que detallase los motivos por los que mantiene de forma vitalicia del título de Rey para Juan Carlos I, otorgado por real decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la abdicación.
El Ejecutivo de Sánchez, como ya hiciera en otra respuesta parlamentaria del pasado mes de enero, defiende el mantenimiento de ese título al igual que se hace en otros países «con situaciones semejantes a la de la Monarquía parlamentaria española», como Bélgica, con el Rey Alberto II; Luxemburgo, con el Gran Duque Juan; o Japón, con el emperador Akihito, quien recibe el nombre de Daijo Tenno o Joko.
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