El Gobierno ‘feminista’ cierra 2023 con 55 asesinatos machistas, peor dato en 4 años y con récord de gasto

El balance de la llamada violencia de género en España en este 2023 no deja lugar a dudas de que no ha sido un buen año. La cifra de mujeres asesinadas en 2023 a manos de sus parejas asciende a 55. Es el dato más alto registrado desde 2019, y el más elevado de toda la legislatura, en el que la gestión de las políticas de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez recayeron en la ahora ex ministra Irene Montero y que fue el periodo en el que se disparó el gasto en esta cartera. Sólo en 2023 se consignaron a Igualdad cerca de 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. Paralelamente, desde la Guardia Civil surgen críticas sobre la escasez de agentes para cubrir la protección de las mujeres amenazadas, lo que conduce a que se reciban presiones para rebajar las alertas.

El 2023 ha sido un año nefasto para la lucha contra la violencia machista. Un retroceso a nivel estadístico que deja a España con las mismas cifras que cuando llegó al poder Pedro Sánchez y, con él, una supuesta agenda feminista transformadora que iba a cambiar -para bien- la seguridad de las mujeres españolas. La realidad es que las cifras no muestran esa mejoría, sino todo lo contrario.

Además de que las 55 mujeres asesinadas en 2023 es la cifra más alta desde 2019 -cuando se registraron 60 víctimas-, lo cierto es que los datos no mejoran los que se adjudicó la Administración de Mariano Rajoy. Con el ex presidente popular, en 7 años de Gobierno sólo hubo uno con más víctimas que en este 2023: las 60 de 2015. El resto de años hubo menos muertes que en el actual.

De hecho, la situación pudo ser aún peor en vista a las previsiones que apuntaban los datos a finales del verano. El 1 de octubre, España registraba 50 víctimas mortales por violencia de género, una cifra cuya progresión estadística apuntaba a ser la más alta de la última década. Para alcanzar un registro semejante había que remontarse a 2010. Sin embargo, el fenómeno dio un respiro y el aumento de víctimas pegó un frenazo en los dos últimos meses del año.

Desde Vox han sido muy críticos con la forma de elaborar estas estadísticas. La diputada Carla Toscano y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid se preguntaba si es «menos trágica la muerte de una mujer a manos de su pareja lesbiana» para dejarles fuera de las estadísticas. O la de un hombre a manos de su pareja mujer.

2023: 70 mujeres asesinadas por violencia doméstica, 33 hombres y 11 niños. Total: 114 personas.

¿Me pueden explicar por qué sólo se habla 55 mujeres y 4 niños?
¿Es menos trágica la muerte de una mujer a manos de su pareja lesbiana? ¿Es menos trágica la muerte de un hombre a… pic.twitter.com/MXY2LryZAF

— Carla Toscano (@eledhmel) December 29, 2023

Más violencia

Además, El Instituto Nacional de Estadística (INE) también ha anotado un récord a este Gobierno en la última legislatura: alcanzar el mayor número de víctimas de violencia de género en un año desde que existe la estadística, que se implantó en 2011.

Según los últimos datos oficiales conocidos, los de 2022, las mujeres que sufrieron violencia machista en España fueron 32.644, un 8,3% más que el año anterior, teniendo en cuenta los casos en los que se dictaron medidas cautelares y órdenes de protección. En 2020 fueron 29.915 las víctimas.

Gasto sin control

El Ministerio de Igualdad no supervisa el destino de los 80 millones de los que se dota anualmente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que los ministerios acometan distintas actuaciones en la protección de la mujer. Pese a tratarse de un asunto directamente ligado a sus competencias, el departamento de Irene Montero se escuda en la Comisión de Seguimiento del pacto, en el Congreso, como la «responsable del seguimiento y control anual del destino de estos recursos».

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género atribuye a dicha comisión las labores de fiscalización. Pero nada impide que el Ministerio de Igualdad, dada la relevancia de esta materia, lleve a cabo un control.

En respuesta a OKDIARIO, Igualdad alega que «las inversiones a realizar por la Administración General del Estado en desarrollo del Pacto deben consignarse en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado a instancias de cada uno de los departamentos ministeriales involucrados, en sus correspondientes programas de gastos, sin que desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se efectúen transferencias de crédito a dichos departamentos ministeriales ni se lleve a esos efectos un control de la justificación de la ejecución de los gastos».

Este periódico se interesó por la vigilancia de los fondos contra la violencia de género después de que la ahora ex secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, revelase la ausencia de supervisión. «Hay que hacer autocrítica, uno de los aspectos que nosotras mismas hemos seguido de cerca y lamentado es la capacidad que teníamos de seguimiento del cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado y la financiación que tenían asociada», admitió la alto cargo del departamento de Montero.