El Gobierno exige a los nacionalistas «dejar de echar pulsos absurdos al Estado»
El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este martes que la vuelta a la normalidad en Cataluña se producirá cuando «los que han ganado las elecciones» sean capaces de conformar un Gobierno y «dejar de echar pulsos absurdos al Estado».
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Bermúdez de Castro ha reiterado que la aplicación del 155 en Cataluña se está haciendo «de una manera exquisita» y «nadie puede decir que se ha arrasado con nada».
En este sentido, ha aclarado que el artículo 155 se levantará el mismo día en que se nombren los consejeros de la Generalitat.
Sobre la situación en Cataluña, ha ofrecido cifras de la fuga de empresas, con un total 1.300 en lo que va de año que han cambiado de domicilio social, frente a las algo más de 3.200 del año pasado y ha puesto en valor la «lealtad» de las comunidades limítrofes, como Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha.
«Podrían haber intentado pescar en este río revuelto y no lo han hecho», ha destacado Bermúdez de Castro, quien también se ha referido a la recuperación del turismo en la ciudad y ha augurado que el verano «va a ir muy bien», ya que el Gobierno hará todo lo posible para que así sea con campañas para que «ningún español deje de ir a Cataluña».
Pide lealtad
Ha pedido la misma lealtad por parte de los partidos independentistas, a los que ha reclamado que apoyen el decreto ley de la paga extra para los funcionarios que se va a debatir el próximo día 25 en el Parlament, tras decir hoy los letrados que no hace falta que vaya nadie del Gobierno a defenderlo.
Por lo que respecta a la financiación autonómica y local, ha señalado que «se están dando pasos» por parte del Gobierno, pero que necesita del acuerdo con otros grupos políticos y «cuadrar ese sodoku es muy complicado» si no existe voluntad de sacar la cuestión del debate partidista.
Bermúdez de Castro ha destacado como objetivos del departamento que dirige, que cuenta para 2018 con 311 millones de euros, 10,5 millones más que en 2017, la búsqueda de consensos y acuerdos, la lealtad institucional y la colaboración con comunidades autónomas y entidades locales.
La finalidad es que todas las Administraciones públicas presenten «el mejor y más eficiente servicio a los ciudadanos», ha afirmado.
Dentro de la lealtad institucional, se ha referido al esfuerzo para reducir la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas, para lo que se ha incrementado casi un 10% el porcentaje de cartas de cooperación enviadas a las autonomías en relación con proyectos normativos.
Ha puesto de manifiesto que, del total de leyes autonómicas, exceptuando las catalanas, solo se ha recurrido el 5,95 por ciento, y el 81 por ciento de las sentencias ha sido favorables al Estado.
Además, prácticamente en el 95 por ciento de los casos el Gobierno llega a acuerdos con las comunidades autónomas sin necesidad recurrir ante el Tribunal Constitucional, excepto en el caso de Cataluña ya que era «imposible» porque ni siquiera querían sentarse a la mesa, ha puntualizado.
Todos los grupos parlamentarios se han interesado por conocer más detalles sobre la reforma de la financiación autonómica y local, y tampoco se han olvidado del debate catalán ni del artículo 155, cuya suspensión han pedido algunos portavoces.
Desde Unidos Podemos, Josep Vendrell ha pedido que se deje de aplicar el 155 y ha echado en cara al Ejecutivo de Rajoy y al PP que «no tienen un plan para Cataluña y ni siquiera un proyecto para España».
Vicente Ten Oliver, de Ciudadanos, ha expresado la preocupación de su grupo por que el Gobierno no lograra impedir que un solo euro fuese a la organización de la consulta del 1 de octubre.
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