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El Gobierno cuela el «control público» de Internet en una ley de menores para defender «la democracia»

El Ejecutivo contempla "mecanismos de control" de las redes y plataformas por el interés de los menores

La futura Estrategia nacional de entornos digitales seguros para la infancia y la juventud, que ya prepara el Gobierno, contempla la posibilidad de un «control público» de Internet amparándose en la «democracia».

Así se recoge en el documento en el que trabaja el Ministerio de Juventud e Infancia, de Sira Rego, y al que ha tenido acceso OKDIARIO. La estrategia se inscribe en la Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, aprobada en junio de 2024 por el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo alega que «el entorno digital ha sido durante mucho tiempo percibido como un espacio sin normas, donde imperan la autorregulación empresarial o la ausencia de reglas claras».

«Desde esta estrategia afirmamos que el entorno digital debe regirse por las mismas garantías democráticas que el espacio físico: legalidad, transparencia, protección de derechos, mecanismos de control público, y posibilidad de exigir responsabilidades. Por eso, esta estrategia apuesta por medidas regulatorias, marcos normativos, sanciones y sistemas de gobernanza que aseguren un internet al servicio del bien común, la democracia y los derechos de la infancia y la juventud», se puede leer en el texto, en el que se destaca que «el entorno digital no puede quedar al arbitrio de los intereses comerciales». Por ello, «es necesario regular, garantizar derechos y construir una arquitectura institucional que asegure el control democrático del ecosistema digital», señala el Gobierno.

Pedro Sánchez ha aprovechado este martes su intervención en el foro mundial de innovación y tecnología World Governments Summit, en Dubai, para avanzar un paquete de medidas contra las plataformas y las redes sociales. Entre esas medidas está la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, así como la prohibición del acceso a las redes a menores de 16 años. Para ello, las plataformas digitales se verán obligadas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.

Reforma del Código Penal

Entre las medidas impulsada por el Gobierno figura un proyecto de reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos.

Según el Ejecutivo, esta reforma implica que «altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrán responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de contenidos».

Para ello, se incluirá la reforma en un Proyecto de Ley Orgánica que será remitido al Parlamento e introducirá un régimen de responsabilidad penal específico para los «responsables últimos» de las plataformas, «poniendo fin a la impunidad derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que se difunden bajo su supervisión».

Entre máximos responsables de plataformas digitales se encuentran el CEO y fundador de Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) es Mark Zuckerberg; el propietario de X, Elon Musk; o el CEO de Tik Tok, Shou Zi Chew.

Además, el Ejecutivo también tipificará como nuevos delitos la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos.

‘Huella de odio y polarización’

Igualmente, el Gobierno prevé desarrollar un sistema denominado Huella de Odio y Polarización, destinado a rastrear, medir y hacer visible «cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social y amplifican el odio», según asegura el Ejecutivo.

«El objetivo es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas», añade.

Para ello, desarrollará una herramienta específica para analizar el comportamiento de las plataformas y de sus algoritmos en relación con «la polarización y la promoción del odio». La información generada permitiría abrir debates sobre el control de las plataformas.