El Gobierno creará “itinerarios de memoria” para vincular a Franco con los campos de exterminio nazis

El espantajo de Franco es todo un programa de gobierno para la coalición de socialistas y comunistas que está a punto de cumplir su primer año de legislatura. Y si al dictador español se le vincula con Hitler y el nazismo, el no va más. Es uno de los objetivos del denominado anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que, entre otros muchos, se marca como propósito crear «itinerarios de memoria» para potenciar “el conocimiento y protección de los campos de exterminio o trabajo forzoso en los que fueron confinados miles de exiliados o disidentes, en coordinación con los estados en los que se encuentren ubicados” (artículo 54.6).

La futura ley creará lo que ha definido como “lugares de memoria democrática”. Esto es, “aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado o plasmado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”.

Según el anteproyecto de ley liderado por la vicepresidenta Carmen Calvo, estos lugares tienen “una función conmemorativa y didáctica” para preservar “el derecho de las víctimas a la verdad”. Verdad que, naturalmente, no será el resultado de un debate entre historiadores, sino de una Fiscalía creada ad hoc “para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra y la Dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución” (artículo 29).

El Gobierno está convencido de que estos “lugares de memoria democrática”, sobre todo cuando sean agrupados en “itinerarios de memoria”, se convertirán en una fuente de atracción turística con la adecuada promoción publicitaria, que habrá de ir más allá de nuestras fronteras puesto que la ley insta a desarrollar “mecanismos institucionales para integrar los lugares de memoria democrática en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes, vinculados con conflictos y violaciones de los derechos humanos, especialmente en el ámbito europeo e iberoamericano”.

Es aquí donde los campos de concentración del nazismo entran en juego puesto que la norma pone el acento en la necesidad de potenciar el “conocimiento” y “protección” de los campos de exterminio o trabajo forzoso en los que fueron confinados miles de exiliados o disidentes, en coordinación con los estados en los que se encuentren ubicados.

Porque la norma considera víctimas del franquismo también a los casi 10.000 españoles que fueron encerrados en estos campos de concentración, la mayoría deportados por los alemanes tras ser capturados como combatientes del ejército francés primero o como colaboradores de la Resistencia francesa después. Cuando Hitler perdió la guerra, los supervivientes españoles de los campos de exterminio, apenas la mitad de los que ingresaron, no pudieron regresar a España por culpa del régimen franquista. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en 2019 el listado de 4.427 españoles muertos en los campos de Mauthausen y de Gusen, que dependía del anterior, con el objetivo de facilitar a los familiares su registro como fallecidos, estatus que todavía no tienen.

La ley reconoce la importancia de preservar en la memoria colectiva de los desastres de la guerra “y de toda forma de totalitarismo” (artículo 35), como estos 10.000 españoles lo fueron sin discusión histórica alguna. Sin embargo, cae en la hemiplejía ideológica de sus promotores puesto que se refiere explícitamente al fascismo, al nazismo y al franquismo, sin más. En ningún momento cita al comunismo, que no sólo durante la Segunda República, sino también durante el periodo de la Guerra Civil objeto de la ley, protagonizó en las ciudades que dominaba crímenes tan condenables como los que el anteproyecto del Gobierno atribuye al otro bando de la contienda fratricida.

El Parlamento Europeo aprobó en 2019 una resolución en la que equiparó el comunismo al nazismo. Sistemas totalitarios por igual emparentados por sus “asesinatos en masa, genocidios y deportaciones”. Nazismo y comunismo “fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”, afirma la resolución que fue aprobada con motivo del 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial.