El Gobierno crea una cátedra universitaria de memoria «antifranquista» y sus altos cargos darán las clases

El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una Cátedra de Memoria Histórica para revisar el tratamiento de «la lucha antifranquista» en los libros de texto y en la educación. Se trata de unos nuevos estudios que pondrá en marcha el Ejecutivo, junto a la Universidad Rey Juan Carlos, a cambio de 150.000 euros públicos que se entregarán a lo largo de los próximos tres años.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del socialista Ángel Víctor Torres sobre «el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, en el marco de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad».

El documento establece «las condiciones para la creación» de la Cátedra. Y, entre otras cosas, se comprometen a «realizar una aportación máxima de 50.000 euros por cada uno de los tres ejercicios de vigencia del convenio». Entre las actividades incluidas están la «celebración de congresos científicos y seminarios» y «las acciones formativas y los proyectos de I+D».

Por otro lado, se pretende «estudiar el tratamiento de los años de la Segunda República, la Guerra de España, la represión de la dictadura y la lucha antifranquista en los libros de texto de Historia de Educación Secundaria, y proponer mejoras». Y, en consecuencia, se abren a la presentación de «unidades didácticas en colaboración con institutos y grupos escolares».

«Mejoras» para las aulas

Por otro lado, se pone sobre la mesa la posibilidad de «proyectar materiales visuales y documentales relacionados con la memoria democrática», así como «fomentar la creación de redes de memoria con grupos de investigación de otras universidades».

Además, desde el Ministerio de Política Territorial se permitirá la «participación de los alumnos de la Cátedra en actividades organizadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en calidad de oyentes y ponentes». A su vez, se pondrá «a disposición de la Cátedra al personal de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para impartir clases magistrales».

Por su parte, la Universidad Rey Juan Carlos se compromete a «crear una página web específica para la Cátedra a la que podrá accederse desde la de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que se incluirán los datos esenciales respecto a la finalidad, actividades y órganos responsables de la Cátedra, así como las Memorias anuales de actividades».

De forma conjunta, el ministerio de Torres y el centro educativo definirán «las líneas de investigación en diferentes líneas temáticas del ámbito de actuación de la Cátedra».

Será la propia universidad la que propondrá la dirección de la Cátedra de Memoria Democrática. La Rey Juan Carlos también será la encargada de la «actuación para cada ejercicio» y de «elaborar la memoria anual de las actividades realizadas, que deberán ser aprobadas por la comisión de seguimiento cada año». Además, la entidad educativa dotará de contenido a la Cátedra y seleccionará el profesorado que lo impartirá.

Un Gobierno contra Franco

El Gobierno de Sánchez ha vuelto a recurrir a la autodenominada «memoria democrática», en pleno cerco por la corrupción, algo que ha hecho de manera habitual durante su legislatura. Hace unos días, el Ejecutivo declaró «urgente» la puesta en marcha del catálogo de elementos y símbolos franquistas, que afectará especialmente a los propietarios privados. El Gobierno dio un plazo de apenas diez días al Consejo de Estado para que ultime su dictamen que, en cualquier caso, no es vinculante.

El catálogo está recogido en la llamada Ley de memoria democrática, así como la creación de una «comisión técnica» que se encargará de llevar a cabo el procedimiento para su retirada.

La Moncloa esgrime que, desde la entrada en vigor de la ley, se «ha avanzado en su aplicación, procediendo a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en su propio ámbito competencial».