El Gobierno carga contra la Fiscalía por rechazar los indultos a los golpistas: «Nosotros decidimos»

Los cuatro fiscales del procés emitieron la semana pasada un duro informe enviado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en contra de conceder el indulto a los golpistas del 1-O al considerar que los condenados no se lo merecen «por la enorme gravedad de los hechos».

Una postura que va en contra de la línea marcada últimamente por el Gobierno, que no para de deslizar la posibilidad de que indulten a todos los golpistas. De hecho, el propio ministro José Luis Ábalos decía este domingo que el Ejecutivo tiene «la obligación moral de aliviar tensiones».

Y la puntilla ya la ha puesto hoy Carmen Calvo. La vicepresidenta ha sido preguntada durante una entrevista en TVE por si el informe de la Fiscalía sitúa al Gobierno más cerca del no a los indultos que del sí, y Calvo ha sido contundente en defender el papel del Ejecutivo central.

«Este es un derecho que está regulado», ha asegurado la vicepresidenta. Que ha puesto a cada uno en su sitio alardeando de que es precisamente al Gobierno socialcomunista al que le corresponde la decisión final: «A cada quien le corresponde su parte: al Ministerio fiscal emitir su informe, a la sala también y al Consejo de Ministros tomar la decisión».

Es decir, quiere dejar claro que el Gobierno decidirá sobre los indultos y que da igual lo que digan organismos tan importantes como la propia Fiscalía. Los independentistas han dado su apoyo a Pedro Sánchez tanto para gobernar como para los Presupuestos, y podría ser una contraprestación.

Carmen Calvo ha defendido que «el derecho de gracia es un derecho que tienen todos los hombres y mujeres de este país si están cumpliendo una condena en firme». Dice que «está absolutamente normada y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emitan los informes».

Desliza así una vez más que el Gobierno podría otorgarles los indultos y no deja claro cuál será la postura final del Ejecutivo. Además, recuerda como cada año tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han indultado a presos: «A lo largo de 42 años nos encontramos todo tipo de ejemplos por parte de todos los gobiernos».

El informe de la Fiscalía

Los cuatro fiscales del procés Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno enviaron la semana pasado su informe a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en contra de conceder el indulto a los condenados por el 1-O, tal como adelantó OKDIARIO en septiembre.

En su escrito se deniegan los indultos «por la enorme gravedad de los hechos». Los fiscales han mantenido el mismo criterio que tenían hasta ahora con respecto a los presos. Es decir, que cumplan en prisión la parte que les corresponda de la pena impuesta en su momento por el Supremo, y que en el caso del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por ejemplo, supera los 13 años de prisión.

Motivos

La Fiscalía explica que «el mecanismo del indulto pretende atemperar el rigor de las penas impuestas en aquellos excepcionales casos en los que la estricta aplicación de la ley conduce a una respuesta punitiva absolutamente desmedida y desproporcionada, generalmente como consecuencia del transcurso de elevados períodos de tiempo entre la comisión del delito y la ejecución de la pena (siempre que no sean imputables al penado), situación que evidentemente no se ha producido en el presente caso”.

Y añaden que “una de las condiciones mínimamente exigibles para su otorgamiento es la constatación de una aceptación manifiesta de la responsabilidad por el delito cometido y el decidido propósito de no reincidir como muestras de acatamiento a la legalidad conculcada”, pero que “ninguna de estas circunstancias se ha acreditado en el presente caso”.

Respecto de una posible desproporción de la pena, el informe señala que: “Como venimos señalando de forma reiterada a lo largo de este proceso, los hechos objeto de enjuiciamiento fueron de una enorme gravedad. Bastaría para rechazar tal alegación con reparar en que la ilícita conducta del condenado no agredió solamente al orden público, sino que también intentó quebrar el orden constitucional, además de afectar a la integridad patrimonial de la Administración pública mediante el uso ilegal de fondos públicos”.