El Gobierno canario del ministro Torres fraccionó contratos de la TV pública para darlos a dedo

El Gobierno canario del ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, realizó fraccionamientos de contratos de la televisión pública autonómica, especialmente en el último año de su presidencia. Así lo ha denunciado la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) en un informe de fiscalización de la contratación del ente público.

El organismo autónomo encargado del control del sector público canario ha publicado el informe «Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público RTVC, ejercicio 2023».

Una de las conclusiones es que «se incumple con lo establecido» en la Ley de Contratos del Sector Público. Específicamente, se alude al artículo 99.2, que impide «fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan». Y esto es lo que la Audiencia reprocha en su última fiscalización.

Los auditores canarios han constatado que en la Radio Televisión Canaria, dependiente del Ejecutivo autonómico, «hay contratos con el mismo objeto adjudicados, durante el ejercicio, a distintos adjudicatarios». Y esto lo impide la normativa vigente.

El informe, además, detalla que se produjo «un incremento del importe adjudicado de forma directa en un 4,9% [en la Televisión Pública de Canarias] y un 14,4% [en la Radio Pública de Canarias]». Pero lo justifica en que en «ambas sociedades se tramitan los gastos corrientes, periódicos o repetitivos, mediante este procedimiento».

Incidencias detectadas entre 2018 y 2023

Tras el análisis de las «incidencias detectadas» así como «la revisión y seguimiento de incidencias detectadas en anteriores informes» en «los ejercicios 2018 a 2023», se llegan a varias conclusiones.

La primera de ellas es que se ha incumplido con otro de los preceptos de la ley que obliga a pedir un informe al órgano de contratación que justifique «la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales» que impiden adjudicarlos a dedo. «Falta el informe del Administrador único», reprocha el organismo fiscalizador.

Por otro lado, también señala que algunos proveedores de la televisión canaria «superan en algunos casos» la facturación anual con el ente público, de modo que excede «los importes fijados para las adjudicaciones directas». Es decir, que se ha contratado en un número de ocasiones mayor de lo permitido a una sola empresa.

En línea con esto, el informe de fiscalización «detecta la existencia de fraccionamiento en determinadas adjudicaciones al coincidir en sujeto y objeto». Además, señala que algunos de los contratos han estado «superando el límite de importe establecido en el art. 118.1 de la LCSP». Esto es, un máximo de 15.000 euros para los contratos de servicios y de 40.000 euros para los de obras.

A su vez, identifica una «repetición de contrataciones con idéntico o similar objeto». Esto, a ojos de la ACC, significa que «hay que mejorar en la planificación en materia de contratación». Pero también recuerdan que la contratación sería contraria a derecho si el Gobierno canario «en el momento de iniciar la tramitación del contrato, tiene conocimiento de la necesidad de contratar una prestación de carácter unitario, perfectamente definida y que tiene que llevarse a cabo año tras año, pero también si la realización del mismo, si bien no conocida, es razonablemente previsible».

El organismo fiscalizador recuerda en este punto que la ley establece que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».

Por todo ello, concluye que «se incumple con lo establecido en el artículo 99.2 de la LCSP, en relación con el fraccionamiento del objeto del contrato, dado que hay contratos con el mismo objeto adjudicados, durante el ejercicio, a distintos adjudicatarios».