El Gobierno se agarra a la «seguridad nacional» para ocultar qué hace su ‘Ministerio de la Verdad’

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 22/08/2022 06:44
  • Actualizado: 22/08/2022 23:15

En octubre de 2020, el Gobierno aprobó su polémico Procedimiento de actuación contra la «desinformación», que levantó fuertes críticas entre los grupos de la oposición y las propias organizaciones de periodistas. Se advirtió entonces de un intento de control que podría derivar en censura. En ese procedimiento -dirigido, según Moncloa, a vigilar las campañas de fake news de terceros actores contra los intereses nacionales- se admitía como uno de sus fines «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación y se contemplaba abiertamente la «monitorización y vigilancia» de los medios. Un punto que fue ampliamente criticado. Para cumplir esos objetivos, el Gobierno creó la llamada Comisión Permanente contra la Desinformación. Un organismo que ha permanecido en la absoluta opacidad. Ahora, el Ejecutivo se remite a la «seguridad nacional» para mantener ocultos esos trabajos de vigilancia a los medios.

Este periódico dirigió tres preguntas precisas al Ministerio de la Presidencia: «Número de veces que se ha reunido la Comisión Permanente de Lucha contra la Desinformación desde su creación, fecha de dichas reuniones, motivo y asuntos analizados». 

En su respuesta, Moncloa revela que este órgano se ha reunido en trece ocasiones. Y también que, desde que se inició la guerra en Ucrania, «de forma diaria bajo la dirección del director del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, se reúne la Célula de Coordinación interministerial específica para tratar la situación en todas sus vertientes de afectación a la seguridad nacional española».

«En esa célula diaria se aborda como punto específico las campañas de desinformación desarrolladas por el Gobierno ruso, su evolución y afectación directa a España», añade en su respuesta.

Pero Moncloa tiende la opacidad sobre los asuntos tratados en las reuniones. Alega que «la documentación del Departamento de Seguridad Nacional se encuentra protegida por los límites de acceso a la información» establecidos en la ley y esta «no es de uso público». «Los usuarios de dicha información deberán limitar su divulgación y distribución a personal y organismos que desempeñen actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad Nacional» y «no puede prevalecer un interés superior en la divulgación de la información», concluye.

Foro

Recientemente, el Ministerio de la Presidencia puso también en marcha el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, un órgano cuyo objetivo es controlar la «desinformación» que, según Moncloa, supone «una amenaza y riesgo para la Seguridad Nacional». «Dichas campañas buscan polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones y suponen, además, una grave amenaza para los procesos electorales», esgrimen desde el Ejecutivo.

El Gobierno se remite a la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada el pasado diciembre, en la que se contemplan expresamente las campañas de desinformación como una amenaza y un riesgo, especialmente «en procesos electorales». «Por su potencial peligrosidad, cabe señalar las estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones», se advierte en el documento de su creación.

La obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez por controlar la información ha provocado distintas polémicas. Una de las más sonadas fue cuando, en abril de 2020, el entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, desveló en una de las ruedas de prensa sobre la pandemia la existencia de una orden para perseguir bulos y «desinformaciones» que provocasen desafección a las instituciones del Gobierno. El mando policial reconoció que el Instituto Armado trabajaba en «minimizar todo el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno».