Gibraltar usa ante la ONU el pacto fiscal con España para pedir el derecho de secesión

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, ha usado en Naciones Unidas el Acuerdo Fiscal alcanzado por España en el marco del Brexit como argumento para defender el derecho de autodeterminación para los gibraltareños. Picardo ha señalado que, en el citado pacto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, España ha reconocido a Gibraltar como «pueblo distinto».

«España ahora también ha reconocido la existencia y la condición jurídica de los gibraltareños, distintas a las de los ciudadanos británicos en general», ha afirmado Picardo, que considera también que con ese acuerdo España reconoce las autoridades fiscales gibraltareñas como «órganos totalmente independientes de Reino Unido».

El ministro principal del Peñón ya utilizó este argumento el pasado mes de mayo, en un seminario auspiciado por el mismo Comité en la isla caribeña de Granada. Igual que entonces, Picardo también esgrimió una reciente opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la descolonización de Mauricio y la decisión de Reino Unido de separar previamente el archipiélago de Chagos y mantener su administración.

En ese momento, fuentes diplomáticas españolas consultadas por Europa Press afirmaron que el Acuerdo Fiscal «no reconoce a Gibraltar como pueblo y señala, explícitamente, que ni el Acuerdo ni ninguna acción o medida tomada en aplicación o como resultado del mismo, implica una modificación de las respectivas posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino Unido con respecto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar».

En opinión de estas fuentes, Gibraltar intentaba sustraerse, «con todo tipo de argumentos», a lo que es «doctrina consolidada» de las Naciones Unidas desde el año 1967: la resolución 2353 que insta la descolonización conforme al principio de la integridad territorial y que, además, condenaba el referéndum celebrado por la potencia administradora el 10 de septiembre de 1967.

Además, añadieron que el Acuerdo se firmó con el Reino Unido, y no con Gibraltar, precisamente porque Reino Unido es el Estado responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar. El Acuerdo fue aprobado en marzo por el Consejo de Ministros, pero está pendiente de pasar una segunda vez, previo informe del Consejo de Estado, para que lo ratifiquen las Cortes, dado que es un Tratado internacional.

Este lunes en Nueva York, Picardo subrayó también que los acuerdos alcanzados con España «sobre el plano fiscal, el tabaco y las fuerzas de seguridad eliminan de forma efectiva los criticismos falsos e injustos de los distintos Gobiernos españoles». También confió en que la victoria electoral del PSOE permita «retomar un diálogo respetuoso y mutuamente beneficioso» con España.

Por su parte, el embajador español ante la ONU, Agustín Santos, se refirió también al dictamen de la CIJ sobre Chagos y Mauricio, pero para recalcar que ambos casos, Gibraltar y éste, «demuestran que la cuestión de la descolonización sigue viva» y que en ambos casos hay «unas instalaciones militares (británicas) en el fondo de la cuestión».

Santos recalcó la posición tradicional española de que, conforme a la doctrina de la propia ONU, «no cabe otra solución al contencioso de Gibraltar que un proceso de descolonización negociado entre España y el Reino Unido en los términos que ha establecido Naciones Unidas», así que reiteró su llamamiento a Londres para abrir esta vía.

En la misma línea, recordó que la Asamblea General de la ONU «viene instando desde hace más de 50 años a la potencia administradora (Reino Unido) y a España a que resuelvan todas sus diferencias en torno a esta cuestión mediante una solución negociada bilateralmente entre España y el Reino Unido».

El diplomático español recordó los antecedentes históricos de la conquista de Gibraltar por los británicos en 1704, en nombre el archiduque Carlos de Austria, y su posterior cesión a la corona británica.

También incidió en que Reino Unido «se apropió ilegalmente» del istmo después de que en el siglo XIX España permitiera «por razones humanitarias «establecer unos campamentos provisionales para evitar el contagio de la población del Peñón, afectada por una epidemia de fiebre amarilla».