La Generalitat separatista apela ahora a la Constitución para proteger el patrimonio de los golpistas

La Generalitat catalana, administración directamente perjudicada por el dinero público malversado para el golpe independentista, se ha puesto –una vez más– del lado de los golpistas. El Ejecutivo que preside Pere Aragonés (ERC) no ha dudado en apelar reiteradamente a la Constitución Española –de la que reniega la Generalitat separatista– para aliviar las condenas económicas a las que se enfrentan los cabecillas del procés encausados en el Tribunal de Cuentas. En vez de personarse como acusación para recuperar los fondos de los catalanes que desviaron los separatistas, la Generalitat prefiere defender a quienes la saquearon para el golpe.

Aunque la Generalitat no está personada en esta causa –tampoco la Abogacía del Estado, a la que el Gobierno de Sánchez dio orden de retirarse–, el Tribunal de Cuentas ha sometido a la consideración del Gobierno catalán el recurso presentado por los procesados, que aspiraban a tener un trato de favor que redujera la condena económica a la que se enfrentan. El Tribunal ha rechazado ese recurso, al que se opusieron tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana a través del bufete Chapapría-Navarro & Asociados. De nada ha servido a los separatistas que la Generalitat de Cataluña haya salido en su defensa a través de un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Los servicios jurídicos del Gobierno catalán que reniegan de la Carta Magna y de la unidad de España, no han dudado en apelar a la Constitución de forma reiterada en ese escrito. En dos folios y medio, citan expresamente la Constitución en seis ocasiones para defender las tesis de los golpistas.

La Generalitat se torna en defensora de la Constitución para pedir que los acusados de saquearla le paguen menos dinero del que le correspondería para resarcir a las arcas de los catalanes del dinero que desviaron. Así, el Gobierno del independentista Pere Aragonés dice en ese escrito de sus servicios jurídicos que «los intereses derivados de la demora del procedimiento no imputable a los solicitantes, puedan llegar a suponer, como ocurre en este caso, una cantidad enorme, hasta el punto de llegar a privar a los solicitantes de su propio patrimonio, afectando así también a su derecho a la propiedad».

Añaden también que «considera esta parte que supeditar el ejercicio del derecho de defensa de los solicitantes al eventual pago por ellos de una importantísima suma de intereses constituiría una limitación injustificada, desproporcionada y, por tanto, inadmisible, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…) especialmente cuando es posible arbitrar mecanismos para que la cantidad depositada pueda quedar a disposición de la entidad pública, evitando así también la generación descontrolada de intereses en perjuicio de los interesados».

Generalitat

La Generalitat pretende hacer otro favor a los independentistas que han obtenido durante estos años otros beneficios procesales. Así, en medio de los pactos entre Sánchez y sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), en febrero de 2022 el Tribunal de Cuentas reculó y cambió su criterio respecto al que había mantenido anteriormente, para consentir que la Generalitat (administración perjudicada) avalara las fianzas que se les exige a los procesados (sus perjudicadores).

En este cambio de guión, la Generalitat no sólo insistió en no considerarse perjudicada por el dinero público que se malversó para el golpe independentista, sino que se puso del lado de los acusados para avalarles. Y ahora vuelve a posicionarse con los golpistas apelando a la Constitución tras saltársela en varias ocasiones.

Los beneficios consentidos a los independentistas se manifestaron también en enero del 2022, cuando la Abogacía del Estado se retiró como acusación en esta causa del Tribunal de Cuentas, argumentando que no entendían que el procés hubiera perjudicado a los fondos públicos del Estado, lo que supuso considerar a la administración autonómica como ajena al engranaje de los intereses públicos nacionales.

La retirada de la Abogacía del Estado y la no personación de la Generalitat hizo que, más allá de la forzosa presencia de la Fiscalía, la única entidad que ejerce la acusación popular en este proceso es Sociedad Civil Catalana quienes ven «bastante raro y sorprendente que la Generalitat, tras el Auto del Tribunal de Cuentas y el escrito de la Fiscalía, vuelva a posicionarse del lado de los que fueron contra la Constitución», así lo explican letrados de Sociedad Civil Catalana (SCC), del bufete Chapapría-Navarro y Asociados.