España

La Generalitat financia a la editora de la web que pone en la diana a jueces críticos con el ‘procés’

La Generalitat de Cataluña ha subvencionado en los últimos años a la empresa que edita el digital larepublica.cat, que reveló las identidades de jueces contrarios al 'procés'.

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La Generalitat de Cataluña ha subvencionado en los últimos años a Catmedia Global, editora de la web larepública.cat, que se ha dedicado a revelar las identidades y fotografías de jueces críticos con el proceso independentista. La empresa recibió subvenciones directamente del Departamento de Presidencia, ayudas concedidas ‘a dedo’ según el criterio del presidente de turno. En 2017, por ejemplo, recibió 38.483 euros. 

La editora no oculta ese apoyo institucional. Además de la Generalitat de Catalunya, la empresa recibe subvenciones también del gobierno valenciano del socialista Ximo Puig. 

La Generalitat valenciana subvencionó, en enero del año pasado, con 24.000 euros públicos a esta sociedad, con la excusa del fomento del valenciano en los medios de comunicación. Ello, pese a que la plataforma tiene su sede en Barcelona.

Nombres, juzgados y fotografías

Este medio digital, de perfil claramente independentista, reveló recientemente la identidad de jueces contrarios al ‘procés’ que manifestaban sus opiniones a través de las redes sociales, con seudónimo. Bajo el título, ‘Jueces ultranacionalistas tras el anonimato’, la web se dedicó a desvelar nombres, apellidos, juzgados y fotografías, dejando al descubierto a estos magistrados. La empresa está dirigida por Joan Puig, ex diputado de ERC.

Como reveló OKDIARIO, la web contribuyó a la ofensiva iniciada por el diputado republicano Gabriel Rufián contra estos jueces. Rufián reveló en Twitter la identidad de una de estas juezas, que publica bajo el seudónimo de ‘Lady Crocs’. La misma magistrada relató después este acoso en su perfil de la red social.

«Hoy me he despertado triste. Me apena la deriva que está llevando la actual situación. Soy juez, formo parte de un Poder del Estado, el Poder Judicial. La Constitución Española garantiza a los ciudadanos que debo ser independiente, imparcial, inamovible y sometida únicamente al imperio de la ley», explicó en un ‘tuit’.

 

La jueza se remitía también a La República: «Medio de comunicación financiado por la Generalitat de Cataluña y la de Valencia, correspondientes al Poder Ejecutivo, reveló mi identidad, expresó cuál es mi juzgado y publicó una imagen mía sin mi consentimiento», destacaba en el mensaje.

En conversación con OKDIARIO, la magistrada expresó su «impotencia» por su caso, y el de otros compañeros, intimidados tras conocerse su identidad. Ella misma, contaba a este periódico, sufre desde entonces amenazas contra sus hijos.

“He recibido mensajes diciendo que soy la vergüenza el Poder Judicial, que algo tendría que pasarme a mí y a mis hijos”, señalaba en la entrevista. 

En la misma, defendía que la decisión de ocultar su identidad para expresar opiniones es «personal» y por razones de seguridad. «Es un derecho que quieras estar en las redes y sin embargo, no quieras mostrar quién eres”, aseveraba. 

La citada web presentó a esta jueza como «ultranacionalista», por defender la legalidad y la Constitución frente al órdago separatista. Según la publicación, ella y sus compañeros de magistratura eran responsables de generar un sentimiento de «catalanofobia».

Como ‘prueba’ de esa supuesta animadversión al independentismo, el diario recopilaba varios de sus ‘tuits’. “Independientemente del independentismo, la independencia no puede tener lugar. Mañana Cataluña seguirá siendo y estando en España”, decía en uno. “Hay miles de catalanes que no quieren todo lo que está pasando y por los DDHH de esos parece que no se preocupa la Generalitat”, en otro. En otro más apuntaba: “Los catalanes también son españoles”. “Este fin de semana he estado en Gerona y lo que he visto allí es todo menos una campaña electoral. No se cumple ningún presupuesto (…) Había carteles que imponían votar, ¿Es eso democrático? Había carteles del ‘sí’ por todas partes, ¿Y del ‘no?”, se preguntaba en otro de los mensajes. “No tengo nada en contra de los catalanes. Me refiero a un proceso de pantomima que no tiene legalidad”, decía también.

Los independentistas cuestionaban además que la magistrada diese ánimos a los funcionarios tras el asedio a la consellería de Economía, o que ‘retuitease’ artículos de la prensa “de la caverna”. O que hiciese uso de su conocimiento de Derecho para “desafiar” al ‘procés’, recordando la ilegalidad de las actuaciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), o asegurando por ejemplo que Carles Puigdemont es un huido de la Justicia.

El senador de Bildu Jon iñárritu registró la pasada semana una iniciativa en la Cámara en la que solicita la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para “informar sobre las medidas tomadas contra los magistrados/as que desde el anonimato en las redes sociales mantienen comportamientos irregulares e incompatibles con su cargo”.