Gabriel Rufián y Teresa Rodríguez a juicio el 22 de abril por sus tuits contra un ministro de Franco

El próximo día 22 de abril, en plena precampaña electoral. Es la fecha señalada para la celebración de la vista previa en la que el diputado de ERC Gabriel Rufián, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y un militante de la formación morada en Castilla-La Mancha, Alfredo Díaz-Cardiel, tendrán que comparecer en sede judicial por la demanda interpuesta contra ellos por los ocho herederos del ministro franquista José Utrera-Molina. Una escena que la letrada de Teresa Rodríguez ha tratado de evitar hasta el último minuto.

Se trata de un procedimiento civil en el que los tres están demandados por vulnerar el derecho al honor y a la propia imagen de José Utrera-Molina, el pasado 2 de marzo de 2018, a través de Twitter. En dicha fecha, un año después del fallecimiento del ministro de Franco, todos ellos colgaron en sus cuentas oficiales de la red social un comentario atribuyendo a Utrera-Molina la responsabilidad, en última instancia, de la condena a muerte del anarquista Salvador Puig Antich (ejecutado a garrote vil) por rubricarla con su firma.

En términos similares el de Teresa Rodríguez:

Por ello, la familia solicita a la Justicia que los demandados sean condenados a borrar los tuits de sus respectivas redes sociales y a una indemnización solidaria de 30.000 euros (10.000 euros para cada uno de ellos), así como publicar la futura sentencia, en el caso de que ésta resultase condenatoria tal y como piden, en prensa escrita de ámbito nacional. También a asumir el pago de las costas resultantes del procedimiento judicial. Consideran los herederos que dichos mensajes “tienen por objetivo dañar la imagen y el nombre “ de Utrera-Molina y le confieren una atribución de competencias y facultades “absolutamente falaz”, en la muerte del catalán.

Pese a que la defensa de Rodríguez ha intentado dilatar la celebración de la vista previa hasta en dos ocasiones -la primera, fijada el pasado mes de junio fue pospuesta tras aportar el parte médico de una lesión de tobillo de la denunciada, en proceso curativo-. No ha servido este último intento por parte de su letrado quien, recurriendo a la misma causa de suspensión esgrimida con anterioridad, aseguraba en el escrito remitido al juzgado que desconocía la duración del tratamiento y por lo tanto cuándo se podría emplazar, nuevamente, a las partes.

La juez competente ha declinado, sin embargo, retrasar más el señalamiento en el que habrá de escuchar a las partes y en el que la cuestión podría quedar vista para sentencia. Pocas novedades se encontrará la magistrada el próximo 22 de abril respecto de la posición tanto de Rufián como de Rodríguez al respecto de lo planteado en sus escritos de respuesta a la demanda.

Pese a que, en el caso del primero, los hijos del ya fallecido dirigente franquista consideran especialmente dura que su publicación hiciese referencia expresa a que Utrera-Molina muriera «en la cama». Dicho matiz «sugiere subrepticiamente que dicha muerte no era la que merecía el fallecido», sino que «se le considera merecedor de haber muerto de una forma distinta (se supone violenta)», aseguran en su exposición de motivos.

Alegaciones en contrario

El diputado catalán, por su parte, se remite a la mención de diferentes artículos de prensa donde se hace referencia al hecho de que la sentencia de muerte de Puig Antich estuvo precedida por la firma de los miembros del Consejo de Ministros franquista, entre ellos el agraviado.

Por su parte, Rodríguez, asegura que la intención de su publicación era «realizar una crítica política, a la manera de otras que suele realizar desde su cuenta de twitter, en la que pone de evidencia que hay una continuidad ideológica entre determinadas fuerzas políticas actuales y quienes
colaboraron en los horrores de la dictadura franquista».

Y se muestra sorprendida de que «durante la vida del Sr. Utrera-Molina, éste no ejerciera ninguna acción civil para defender su presunta vulneración del derecho al honor, ni siquiera ejerciera acciones penales por delitos de calumnias contra las personas e instituciones que emitían estas declaraciones sobre su papel como Ministro en la ejecución y asesinato de
Salvador Puich Antich» y que «sin embargo, una vez fallecido, son los herederos, los que van más allá que él y consideran vulnerado el derecho al honor de su padre contrariamente a lo que él pensaba o al menos así se deduce de la omisión de demandas que interpuso en vida por esta causa el Sr. Utrera-Molina», abunda.