La Fundación Konrad Adenauer asegura que el tribunal alemán se ha excedido en el caso Puigdemont

La Fundación Konrad Adenauer ha expuesto, en un artículo publicado en el Frankfurter Allgmeine Zeitung, que el Tribunal Superior de Justicia de Scheleswig-Holstein se ha excedido en sus competencias con la Euroorden de detención y entrega de Carles Puigdemont emitida por España y elogia la democracia española que no sólo permite al fugado de la Justicia presentarse a las elecciones en España, sino que además le paga, algo que «en Alemania sería impensable».

Así lo afirma el director de la oficina para España de la citada Fundación, Wilhelm Hofmeister, en un artículo titulado «Cataluña y el declive de la Unión Europea», publicado hoy en el citado diario germano y recogido por Europa Press.

Según el autor de este texto, cuando a comienzos del siglo próximo los historiadores vayan a describir el declive de la UE seguramente buscarán las «causas verdaderas» y las «próximas» para el «reiterado desastre». «No resulta difícil prever que el comportamiento en Alemania frente al separatismo catalán será conocido como una de las causas próximas para el declive de la Unión Europea», asevera el director de la Fundación.

En este sentido, explica que la UE se basa en la idea de que constituye una comunidad de «democracias liberales en un marco de Estado de derecho». Sin embargo, considera que esta idea se pone en entredicho en Alemania y no sólo por la decisión del Tribunal de poner en libertad provisional al expresidente catalán, sino también por la reacción de los políticos y medios de comunicación que, asegura, «niegan» a la Justicia española la competencia para «enjuiciar a los separatistas conforme a las reglas del Estado de derecho».

El tribunal no se centró en la Euroorden

Así, critica que el Tribunal, en lugar de «concentrarse en las reglas básicas de la Orden de Detención y Entrega y de extraditar a Puigdemont a España», haya pretendido llevar a cabo «en el plazo más corto posible una valoración cualificada de los hechos que rodeaban el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña». «Algo que ni se le había exigido y que excedía claramente de las competencias de dicho tribunal», advierte.

También reprocha que el Tribunal Superior de Justicia del land alemán haya establecido analogías con el Estado Federal alemán en su decisión. En su opinión, la justicia alemana parte, con esta comparación, de un «principio erróneo» porque España «no es ningún Estado federal» y por que las comunidades autónomas de España tienen una posición constitucional muy diferente a la de los estados federados alemanes. De hecho, precisa que los derechos autonómicos de Cataluña «superan en muchos ámbitos el marco de competencias de los estados federados alemanes».

Recuerda también que el consenso constitucional español es consecuencia de unos hechos históricos «completamente diferentes» a los que determinaron el orden constitucional en Alemania. En este sentido, señala que a este consenso se le podría llamar «precario» y recalca que por ese motivo, los «padres de la Constitución» en España acordaron que la reforma de la Carta Magna sea «mucho más complicada y lenta que en Alemania», con el fin de no poner en riesgo «de forma temeraria» el consenso alcanzado hace 40 años cuando se redactó.

Diferente percepción en Alemania

Por ello, expone que el hecho de haber infringido abiertamente la Constitución, como es el caso de Carles Puigdemont, «en el contexto nacional de España el peso de dichas infracciones es muy diferente a la percepción que se puede haber dado en el extremo norte de Alemania».

Tras exponer todas estas razones, el autor del artículo concluye que la valoración de las infracciones de la Constitución y de las leyes por parte de Puigdemont y su gobierno debería dejarse en manos de los tribunales españoles.

Y recuerda a Alemania que la democracia liberal española no sólo permite que personas como Puigdemont y otros fugados de la Justicia puedan ser candidatos en las elecciones, sino que también tienen la posibilidad de delegar su voto y además cobran. «En Alemania esto sería impensable», exclama.

Por ello, considera que no cabe ninguna duda de que los separatistas vayan a tener un juicio justo y ordenado propio del Estado de derecho en España. «Sus abogados tendrán la posibilidad de rebatir los diferentes puntos de la acusación, y el tribunal no estará obligado a atenerse al escrito de acusación, del mismo modo que el tribunal de Schleswig tampoco se atuvo a la petición de extradición de la Fiscalía», precisa.

También considera que sería «del todo nefasto» que la UE o incluso Alemania asumieran un papel de mediadores para intermediar en el conflicto entre el Gobierno catalán y los nacionalistas españoles. Advierte de que sería «revalorizar» a Puigdemont, supondría para él ver más cerca la posibilidad de lograr su objetivo, convertiría al expresidente catalán en el «dueño del proceso» y «aumentaría sin límite el precio a pagar para alcanzar un acuerdo». «Esto es algo que la Unión Europea no debe y no puede propiciar si quiere evitar una de las causas de su futuro declive», concluye el artículo.