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Ministerio del Interio

Las fugas de presos durante los traslados se triplican mientras el 75% de los agentes no recibe formación

El colectivo, integrado por casi 27.000 guardias civiles, se siente abandonado por Marlaska y su directora

Las fugas de presos durante los traslados se triplican mientras el 75% de los guardias civiles que se encargan de estas conducciones tan peligrosas y que conllevan una gran responsabilidad no recibe formación en la materia sobre cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, la forma de engrilletarlos, embarcarlos y desembarcarlos en los distintos métodos de transporte -vehículos, aviones y barcos- o llevarlos por hospitales y juzgados con seguridad.

Según los últimos datos de Instituciones Penitenciarias, en 2024 se triplicaron las evasiones de internos en centros hospitalarios y clínicas médicas, un tipo de fuga que supuso nada menos que el 60% de las registradas. Y hasta el 80% de las evasiones se produjeron cuando los presos estaban fuera de los centros penitenciarios, bien en instalaciones médicas o durante los traslados, mientras que sólo el 20% tuvo lugar en las prisiones. 

Además, el 68% de las tentativas de evasión se produjeron cuando los internos estaban fuera de los centros penitenciarios, bien instalaciones médicas, sedes judiciales o durante el propio traslado. 

Dichos datos salieron a la luz a requerimiento de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, que ahora da la voz de alarma a OKDIARIO denunciando que «tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, desprecian el trabajo de los guardias civiles encargados de las conducciones de presos».

«No parece preocuparles los graves problemas de seguridad a los que se enfrentan estos agentes, dado el nulo interés que muestran por la formación del personal y de los riesgos que afrontan sin contar con los medios y protocolos necesarios», sostiene Olaya Salardón, portavoz de la asociación.

A esta situación se suma, además, que Marlaska obliga a la Guardia Civil a trasladar a presos en barcos sin celdas en contra de la ley, como también ha revelado recientemente OKDIARIO.

Este colectivo, integrado por casi 27.000 guardias civiles, se siente «abandonado» por Marlaska y la cúpula de la Benemérita por no darles «los medios necesarios ni los protocolos de seguridad, ni siquiera esta mínima especialización para realizar estos cometidos», según declara a este diario Rafael Sánchez Madrid, coordinador de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad (Seprose) de la AUGC. 

Según ha podido saber OKDIARIO, entre el pequeño de grupo agentes que han realizado este curso de cinco horas, algunos llevan 30 años realizando estos cometidos y se echan las manos a la cabeza diciendo que «algunas cosas las estaban haciendo mal». Estos agentes se sienten muy agradecidos de que se les explique cómo hacerlo bien para evitar los riesgos que afrontan por peligro de fuga, así como de agresiones de familiares y amigos de los presos, quienes conocen de antemano que irán a comparecencias judiciales y citas médicas.

Dos años esperando esta formación

La Comisión del Seprose de la AUGC consiguió en noviembre de 2023 que la Dirección General aceptara impartir formación específica para quienes realizan los traslados y custodias de presos. 

Entonces, la Benemérita organizó en octubre y noviembre de ese año unas jornadas formativas de cuatro días en el centro de perfeccionamiento de la Guardia Civil, en Valdemoro (Madrid) dirigidas a los instructores y monitores que impartirán dicha formación.

Además, aprobó un manual para ese tipo de servicios, elaborado por la Unidad de Protección y Seguridad de Madrid, para que «sea tenido en cuenta en las programaciones de los ejercicios periódicos que se desarrollan en el marco de las jornadas PATIO», el cual se envió en noviembre de 2023 a todas las Jefaturas de zona, según consta en un documento de la Dirección Adjunta Operativa al que ha tenido acceso este diario.

Sin embargo, dos años después sigue sin impartirse esta formación específica por la mayoría de Jefaturas provinciales. Según precisa a OKDIARIO Rafael Sánchez, el 70% de las comandancias no la están impartiendo. Se trata de las de Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, La Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Logroño, León, Lérida, Lugo, Palencia, Málaga, Orense, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid.

Ante esta situación, el responsable del Seprose de la AUGC, agente con 17 años de ejercicio en prisiones, ha puesto pie en pared y ha enviado sendos escritos a los jefes de estas 27 comandancias reclamando que de una vez por todas impartan esta formación «tan necesaria» para los agentes que prestan estos servicios que conllevan una gran responsabilidad y considerables riesgos.

Además, en el escrito subraya «la gravedad de que no se esté cumpliendo lo ordenado por la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil tras haber invertido un considerable presupuesto público en preparar a los formadores, habiendo desviado, además, a un considerable número de efectivos de sus cometidos habituales para ello». 

Se pronuncia así porque durante dichas jornadas para formadores, la Guardia Civil tuvo que pagar el desplazamiento, alojamiento y manutención a un total de 75 efectivos. Asimismo, pone el foco en que de ellos, sólo el 20% eran guardias civiles de intervención operativa, que son quienes realmente impartirán esta formación, mientras que el 80% restante eran mandos de distintas escalas, algunos de los cuales ya ni siquiera están en las unidades encargadas de la formación.

Las únicas provincias en las que se está impartiendo este curso son Albacete, Asturias, Ávila, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Las Palmas, Madrid, Murcia, Pontevedra y Zaragoza. Así las cosas, «sólo aproximadamente el 25% de los agentes que prestan estos servicios han recibido esta formación, mientras que el 75% no», según precisa Rafael Sánchez.

La directora da la callada por respuesta

La AUGC ya denunció el año pasado ante la directora de la Guardia Civil que las jefaturas de las comandancias no estaban impartiendo la formación específica sobre conducciones y le pidió que interviniera para que se cumpliera esa orden. 

Sin embargo, Mercedes González dio la callada por respuesta. Así las cosas, para esta asociación, «queda claro el desprecio de la cúpula de la Guardia Civil hacia ese tipo de cometidos y hacia la seguridad de quienes los desempeñan, al no preocuparle lo más mínimo que la mayoría de los jefes de comandancias y zonas estén arrastrando los pies en esta cuestión».

Además, afirma que la misma «desidia» muestra Interior, porque en 2022 la AUGC ya avisó a representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad de la urgente necesidad de que el personal que realiza esas funciones reciba formación específica, sin que desde el Ministerio haya hecho algo al respecto.

Protocolos obsoletos 

Por si fuera poco, la AUGC denuncia que los protocolos para las conducciones y custodias de presos son de 2009 y han quedado «totalmente obsoletos» y los medios son insuficientes. «Llevamos muchos años reclamando a Interior que modifique y actualice sus protocolos, pero mientras que el protocolo para la custodia de detenidos se ha modificado varias veces en los últimos años -la última hace apenas dos meses-, se niega reiteradamente a actualizar la norma que rige las conducciones de presos», denuncia Rafael Sánchez. 

Para la AUGC, esta negativa es «muy reveladora, ya que con Marlaska siempre ha prevalecido la Policía Nacional sobre la Guardia Civil en la Secretaría de Estado de Seguridad, y uno de los principales cambios en dicho protocolo debería ser la asignación de las custodias de presos en los hospitales y centros médicos al cuerpo con competencia territorial, tal como establece la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Un cometido que, sin embargo, actualmente se endosa a la Guardia Civil incluso en las ciudades donde no le corresponde, lo que supone que algunas unidades estén «colapsadas», como ocurre, por ejemplo, «en Málaga, Madrid y Cádiz, entre otras».

Y ello, según advierte la AUGC, «tiene consecuencias muy graves, como que se cancelen miles de consultas y pruebas médicas de los internos debido a la falta de agentes para trasladarlos, así como la exposición de esos guardias civiles a riesgos añadidos».

La AUGC reclama que se habiliten en los hospitales y juzgados garajes, o al menos zonas seguras, con acceso directo y restringido para poder extraer con la suficiente seguridad a los presos de los vehículos policiales, con el fin de evitar los riesgos de fugas y agresiones que se producen cuando esos cometidos se llevan a cabo en plena calle, que es lo que está ocurriendo ahora. 

También pide que se habiliten en los centros hospitalarios dependencias de custodia adecuadas y separadas del resto de pacientes y usuarios, no sólo por seguridad, sino también para respetar el derecho a la privacidad y dignidad de los internos.

Pero la medida que más ayudaría a atajar esta situación, según sostiene Rafael Sánchez, sería la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas, «obligación establecida por una ley hace más de 22 años que está siendo incumplida por el Gobierno y por los ejecutivos autonómicos».

Medios y plantilla insuficiente

Además, esta asociación viene insistiendo reiteradamente en la falta de medios en las unidades de la Guardia Civil que se encargan de esas funciones, algunos tan esenciales como chalecos balísticos, fundas antihurto, defensas extensibles, grilletes de alta seguridad, cinturones de anclaje y spray de gel. Carencias que ha reconocido la propia Dirección General ante las reclamaciones de esta asociación, «pero sin adoptar soluciones definitivas».

A todo ello se añade el mal estado de la flota de vehículos celulares que utiliza la Guardia Civil para realizar las conducciones de presos y detenidos: «Un tercio de ellos superan los 15 años de antigüedad, acumulando el 13% más de veinte años, e incluso varios llegan a los 27. Y la mitad de vehículos carecen de cinturones de seguridad para los conducidos», con los riesgos que eso conlleva y la responsabilidad en que pueden incurrir los propios agentes.

A ello se suma también que más de la mitad de los vehículos «tienen unos sistemas de vigilancia muy precarios».

Además, la AUGC denuncia que existe falta de personal, y que hay una pérdida progresiva de plantilla en este tipo de unidades, con más de 1.600 vacantes sin cubrir, acumulando un déficit de plantilla del 13% y una reducción de la misma superior al 4% en el último año. Una situación que «afecta a la operatividad de esas unidades, hasta el punto de que algunas de ellas tienen serias dificultades para desempeñar sus cometidos y necesitan continuamente refuerzos externos», apunta. 

También reclama que se implanten los turnos de trabajo en estas unidades.  Actualmente, sólo un tercio de ellas trabajan a turnos, lo que está generando «una desigualdad injustificada entre los miles de guardias civiles destinados en ellas y, por ende, en la conciliación».

Toda esta problemática ha sido denunciada ante el actual Defensor del Pueblo y diferentes partidos políticos. La AUGC reclama que de una vez por todas, «se acometan las reformas necesarias y se valore el trabajo de quienes realizan estos servicios tan arriesgados y que conllevan tanta responsabilidad».