Los Franco descartan llegar a un acuerdo con el Estado por el Pazo de Meirás

La Abogacía del Estado y la representación legal de la familia del dictador Francisco Franco han descartado la posibilidad de llegar a un acuerdo en el inicio de la vista previa por el proceso judicial para la reincorporación al patrimonio público del Pazo de Meirás. A preguntas de la jueza, ambas partes han coincidido en que no era «sencillo» llegar a acuerdo. Así lo ha expuesto el letrado del Estado y lo ha ratificado el de la familia Franco.

Ya antes de la vista, lo ha reconocido uno de los abogados de los Franco. «Dudo mucho que haya un acuerdo», ha dicho a los medios y a las puertas del Juzgado de Primera instancia número 1 el letrado Luis Felipe Utrera. «No va a ser fácil, pero ya veremos», había expuesto, a su vez, también previamente, el abogado del Estado.

La batalla por la herencia de Franco

El Pazo de Meirás, en manos de los herederos de Francisco Franco, fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito -PSdeG y BNG- en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público. En 2018, la cámara gallega recibió el dictamen de este órgano y aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo. Un año después, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco en los juzgados de Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás.

La Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, a Franco fue «fraudulento», porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular. En la causa también está personada la Xunta y el Ayuntamiento de Sada.