Franco se defiende atacando a Ayuso: «La salud pública es competencia de la Comunidad y no fui alertado»

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha comparecido este miércoles en calidad de imputado ante la juez Carmen Rodríguez-Medel. La magistrada le investiga por la comisión de un presunto delito de prevaricación al permitir la manifestación del 8-M pese al riesgo de contagio por coronavirus. La línea de defensa seguida por el delegado ha sido clara: echar balones fuera. Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO han confirmado que Franco ha argumentado que permitió la celebración de la manifestación porque «las competencias sanitarias no son de la delegación del Gobierno, sino que son de la Comunidad de Madrid».

Además de culpar a Isabel Díaz Ayuso de las manifestaciones feministas celebradas en la capital de España, ha manifestado que «no tenía informes ni notificación que advirtiera parar las concentraciones».

Franco ha llegado a las 15:05 horas a los Juzgados de Plaza de Castilla para explicar a la juez por qué permitió concentraciones multitudinarias desoyendo las indicaciones de organismos europeos que le aconsejaban no celebrar eventos masivos debido al riesgo elevado de la propagación del virus.

La declaración ha tenido lugar un día después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 haya inadmitido los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y rechace anular la causa, tal y como solicitaban.

«No me considero responsable»

A su salida, el delegado socialista se ha escudado en que «no había ningún elemento, en aquel momento, que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental». Sin embargo, los informes de la Guardia Civil demuestran lo contrario, así como el forense adscrito al Juzgado que aseguró que la «hecatombe» era previsible. José Manuel Franco ha añadido: «No está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9-M tuvieron que ver con la manifestación del 8-M, entre otros motivos porque los expertos sanitarios saben que el contagio tarda en manifestarse más o menos 14 días».

Hay que recordar que el incremento que se achaca a la celebración de la manifestación no es el registrado el 9 de marzo sino el 23 de marzo cuando los contagios en Madrid se dispararon a 21.531, un aumento del 2.064% con respecto al día 8 de ese mismo mes.

No cede a las presiones

La juez Rodríguez-Medel, no ha cedido a la presión de la Fiscalía de Dolores Delgado y de la Abogacía del Estado que solicitó el archivo del caso, y rechazó acceder a sus peticiones de dar cerrojazo a la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid.

Negó la indefensión del delegado que esgrimió la Abogacía y explicó cómo ha puesto a su disposición las novedades de la instrucción. En la resolución de 17 páginas, a la que tuvo acceso OKDIARIO, la magistrada constató las «dificultades» con las que se han encontrado los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil al frente de la investigación y afirmó que «había reticencias». 

Llamadas de su Delegación

Varios funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid reconocieron ante la Guardia Civil que ellos habían sido los encargados de llamar a varios convocantes de manifestaciones para pedirles que las anularan de forma voluntaria. Las órdenes, dijeron, venían del delegado.

Los funcionarios admitieron que esas llamadas no quedaron registradas, tal y como debería hacerse con «todas» las que se efectúan. Pero éstas, revelaron a los agentes, no fueron «llamadas habituales». Así figura en el segundo informe entregado por la Guardia Civil a la juez.

En el primer informe encargado a la Guardia Civil por la juez, ocho convocantes admitieron haber recibido llamadas «imperativas» por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid para que cancelasen motu proprio las marchas.

Todas ellas previstas para justo después del 8-M. Marchas que el Gobierno no quiso que se celebrasen, pero evitó que quedase constancia de las llamadas.

Por ello, la instructora también interrogará –pero en calidad de testigo- al secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. 

Llamadas con «firmeza» e «insistencia»

Según figura en esas nuevas diligencias presentadas por los investigadores de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, en la semana previa al decreto del estado de alarma la Delegación de Madrid llamó con «cierta firmeza» y con «insistencia manifestada» a varios convocantes de manifestaciones exigiéndoles que las cancelaran. Y además, les conminaban a que les remitiesen por correo electrónico una carta anunciando la desconvocatoria, para que quedase constancia de que era por iniciativa propia del convocante.

Este jueves será el turno de los convocantes que recibieron llamadas  desde la delegación del Gobierno para anular las concentraciones que tendrían lugar unos días después de la celebración del Día de la Mujer, que aglutinó a más de 120.000 personas sólo en Madrid.