La Fiscalía al rescate de Belarra: Se opone a admitir la querella por acusar al Supremo de prevaricar

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha salido al rescate de Ione Belarra y se ha posicionado en contra de admitir la querella presentada por el Foro Libertad y Alternativa contra la ministra de Derechos Sociales por acusar de «prevaricación» a la presidenta del Congreso y a los magistrados del Tribunal Supremo por retirarle el escaño a Alberto Rodríguez tras ser condenado a prisión por patear a un policía. El Ministerio Público entiende que estos comentarios «se enmarcan en su actividad política».

La asociación demandante le imputa a la actual líder de Unidas Podemos un posible delito de calumnias por el mensaje que publicó en redes sociales en el que cuestionaba la sentencia contra Rodríguez y la posterior retirada del escaño. En concreto, la ministra calificó de «prevaricación» la retirada del escaño al diputado y acusó al Supremo de presionar a la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, para que se lo quitara pese a que «ambos sabían» que esa inhabilitación no es lo que marcaba la sentencia.

«Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», dijo la ministra.

Ahora, la Fiscalía considera que esa acusación de prevaricación es una afirmación de contenido político.

El CGPJ considera que es inaceptable 

Tras las declaraciones de la líder de Unidas Podemos, el Consejo General del Poder Judicial se pronunció en un comunicado en el que, «con mayor rotundidad que en otras ocasiones» puesto que la ministra atribuyó «la comisión de un delito a sus magistrados», condenaba la actitud de Ione Belarra.

«Excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión», señaló entonces el órgano de los jueces, «máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».