La Fiscalía quiere pedir prisión para Trapero

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, comparece hoy viernes ante la Audiencia Nacional como investigado por un posible delito de sedición por los violentos incidentes del pasado 20 de septiembre en Barcelona. El fiscal pretende pedir prisión para el jefe de la policía catalana a la vista de la gravedad de los hechos acreditados, si bien tomará la decisión definitiva después de conocer la declaración del policía y sus argumentos de defensa. La juez que interrogará a Trapero, Carmen Lamela, es un magistrada de probada independencia que no se considera subordinada al poder político. La expectación es máxima.

El delito de sedición está castigado con hasta 15 años de cárcel. Incurren en él quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Tanto la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana como la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establecen que «la Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones».

La ley exige a todos los cuerpos policiales respeto a los principios de cooperación y lealtad institucional

Pero los deberes de auxilio y colaboración han quedado en entredicho con el comportamiento de los Mossos bajo el mando de Josep Lluís Trapero. Y más aún, después del informe que la Guardia Civil presentó a la Audiencia Nacional que investiga como sedición los disturbios en Barcelona a raíz de las primeras detenciones de altos cargos de la Consejería de Hacienda ordenadas por la Justicia.

No auxiliaron a la Guardia Civil

La Guardia Civil deja constancia de los continuos llamamientos que se hicieron al cuerpo de Josep Lluís Trapero pidiendo refuerzos según se agravaba la situación en la sede de la Consejería de Economía y del temor que sintió por su integridad física el responsable del operativo desplazado por orden judicial para los registros, un equipo que estuvo «sitiado» durante más de 18 horas.

El informe del instituto armado incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la Consejería, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.

Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente de los Mossos desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó en el lugar un responsable de la Unidad de Control de Masas.

En una de esas peticiones, se traslada a la intendente de los Mossos la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían «armas largas» y que si los manifestantes accedían a los vehículos «podría incrementarse la amenaza de forma muy importante».

La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era «mantener la situación».

Junto a Trapero, comparecerán hoy acusado también de sedición los presidentes de las dos organizaciones civiles que promueven el golpe separatistas: Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural.