La Fiscalía quiere que los exconsellers se arrepientan delante de Lamela antes de que el TS asuma la causa

La Fiscalía es partidaria de que los 8 miembros del Govern encarcelados «renuncien a la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, y acaten el artículo 155 de la Constitución» solicitando una vista ante la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, «antes de que la causa sea asumida por el Tribunal Supremo».

La juez Lamela decretaba el pasado 2 de noviembre el ingreso en prisión incondicional para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y para los otros 7 exconsejeros que se presentaron a declarar en la Audiencia: Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa. 

Los 8 miembros del Govern cesados permanecen encarcelados desde entonces, los hombres en la prisión madrileña de Estremera y las mujeres en la cárcel de Alcalá Meco. La magistrada fijó también prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para Santi Vila, el único de los exconsejeros del Gobierno cesado de Carles Puigdemont que dimitió la noche antes de la proclamación de la DUI en el Parlamento catalán el 27 de octubre.

Las fuentes del Ministerio Público consultadas son partidarias de que los miembros del Govern encarcelados «renuncien a seguir adelante con sus planes secesionistas en una vista solicitada ante la magistrada de la Audiencia Nacional».

Carmen Lamela es «la actual instructora de la causa» y fue ella quién decretó su ingreso en prisión. Este «arrepentimiento» sería valorado muy positivamente por el Ministerio Público, antes de que la causa sea asumida por el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Las mismas fuentes precisan que «la renuncia al ‘golpe’ ante Lamela», sería por tanto un requisito imprescindible para que la Fiscalía estudiase y valorase «el estado procesal de los miembros cesados del Govern y se pudiera fijar una fianza a cambio de su libertad».

Mientras tanto, este lunes la defensa de los exconsellers de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull han pedido a la Audiencia Nacional que los ponga en libertad, alegando que han acatado “expresamente” las medidas del artículo 155 como el resto de miembros del Govern cesado, sin promover ninguna “resistencia”.

En sendos recursos, los dos exconsellers solicitaban a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque la orden de la juez Lamela de enviarlos a prisión preventiva, aplicándoles los mismos criterios por los que el Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de JxSí.

La Audiencia quiere instruir hasta el 21-D

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la causa por rebelión, sedición y malversación contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y los miembros del Govern “siga instruyéndose en la Audiencia Nacional”.

Según fuentes del Ministerio Público, “se mantendrá el mismo criterio fijado en la querella inicial presentada por la Fiscalía General del Estado”. “Conforme a la misma doctrina del Tribunal Supremo, los aforados ante el Tribunal Superior y los no aforados ante el tribunal que les corresponda. Puigdemont y los exconsellers no son aforados todavía”, destacan.

Las mismas fuentes precisan que el 21 de diciembre cuando se celebren las elecciones autonómicas catalanas “la situación puede volver a cambiar al ser elegidos diputados” los miembros de la Generalitat cesados tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “Por ello”, añaden, “si el 21 puede cambiar todo, para que se va a mover, no se aprecia ningún cambio procesal para modificar el criterio”. 

También, se tendrán en cuenta “las condenas a Bélgica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  por juzgar en el mismo tribunal a aforados y no aforados”. La comunicación del Ministerio Público se trasladará “en las próximas horas”.

La postura de la Fiscalía afectará también al caso por sedición instruido en la Audiencia Nacional contra los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como contra el que fuera máximo responsable de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente del Cuerpo, Teresa Laplana.