La Fiscalía pide dos años y 9 meses de cárcel para los síndicos electorales del 1-O

La Fiscalía pide penas de dos años y nueve meses de cárcel para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que el Parlament designó para el referéndum del 1-O, a los que acusa de los delitos de desobediencia y de usurpación de funciones.

En su escrito, a que ha tenido acceso Efe, el ministerio público acusa a los miembros de la Sindicatura de haber dictado distintas resoluciones en relación con el referéndum, pese a que el Tribunal Constitucional les había notificado que la consulta quedaba suspendida y les advertía de su obligación de impedirla.

El ministerio público pide dos años y nueve meses cárcel para los cinco encausados, Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Vergé y Josep Pagès por desobediencia grave y usurpación de funciones y, alternativamente, solicita que se les condene sólo por desobediencia a una multa de 5.400 euros e inhabilitación para cualquier función «que responda a un nombramiento discrecional efectuado por una administración pública».

Los cinco miembros de la Sindicatura, encausados a raíz de una querella que presentó la Fiscalía, fueron nombrados el 7 de septiembre del año pasado y cesaron de sus cargos el 26 de septiembre, dejando sin efecto los acuerdos que adoptaron, después de que el Tribunal Constitucional les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno.

Según mantiene la Fiscalía en su escrito, los encausados celebraron el 7 de septiembre de 2017 la «sesión constitutiva de la Sindicatura Electoral», de la que designaron presidente a Jordi Matas, y publicaron los nombramientos al día siguiente en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).

No obstante, el mismo 7 de septiembre el Constitucional suspendió el referéndum de independencia y notificó a los síndicos su deber de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir su orden, así como que «se abstuvieran de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de la demarcación», sostiene la Fiscalía.