La Fiscalía no pedirá al juez Llarena que dicte una euroorden contra Meritxell Serret y Anna Gabriel

El Ministerio Público descarta pedir al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que dicte una euroorden de detención y entrega contra la exconsellera Meritxell Serret ni contra la exdirigente de las CUP, Anna Gabriel, las dos políticas independentistas fugadas.

El motivo de no activar la orden europea contra Serret sería porque, una vez leída la sentencia, su responsabilidad en los hechos delictivos no encajaría en el delito de desobediencia, aunque también está procesada por malversación, han informado fuentes jurídicas.

Esta decisión la han tomado después de analizar profundamente la sentencia que condenó a los nueve golpistas independentistas a penas de entre 9 y 13 años de cárcel. En la resolución encuentra similitudes con el papel que el Supremo atribuye a Santi Vila, Carles Mundo y Meritxell Borras. Estos exconsellers  fueron juzgados por malversación y desobediencia, pero absueltos de la malversación, que es el delito con penas de prisión.

El caso de Anna Gabriel es completamente distinto. Ella sólo está procesada por desobediencia y no se puede cursar una orden europea de detención si el delito no conlleva penas de prisión. Además Suiza le ha concedido a la exlíder de la CUP un permiso de residencia de cinco años, justo el tiempo que tarda en prescribir el delito que se le imputa.

A pesar de que la Fiscalía no pedirá la activación de las dos euroordenes, si alguna de ellas volvieran a España sería inmediatamente detenidas y puestas a disposición judicial aunque luego quedarían en libertad.

La exconseller Clara Ponsatí sigue en Escocia, Toni Comín y Lluis Puig están huidos en Bélgica y la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, fugada en Suiza. Sobre sus situaciones la Fiscalía no ha tomado ninguna decisión, y es que son completamente diferentes.

Comín es el caso más claro: la Fiscalía le reclamará por sedición y malversación. A Rovira por sedición, aunque en Suiza no funciona la eurooden. Puig tiene una situación similar a Serret, pero a lo mejor se podría justificar la malversación.

Por último Ponsatí está pendiente de lo que resuelva el Supremo sobre el incidente de nulidad que presentará la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, condenada a 12 años de cárcel. Su defensa pedirá la nulidad por un error cuando se señala que «retiró a los funcionarios de Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros».

Bassa era consellera de Trabajo pero no de Educación, cuya responsable era Clara Ponsatí. Ahora la Fiscalía está a la espera de que el tribunal subsane este error ante de solicitar al juez las euroordenes.