La Fiscalía Europea investiga al Gobierno de Canarias por pagar 4 millones en mascarillas ‘fake’

• Ángel Moya
• • 21/11/2022 14:24
  • Actualizado: 21/11/2022 14:50

La Fiscalía Europea investiga al Gobierno socialista de Canarias por pagar 4 millones en mascarillas ‘fake’. Ahora, el Juzgado del ‘caso mascarillas’ en Canarias ha acordado enviarle todas las diligencias del caso junto a todos los efectos intervenidos.  La Fiscalía, se ocupará de revisar más de una decena de contrataciones efectuadas por el Gobierno canario, durante la pandemia, todas sufragadas con fondos de ayuda europeos. En algunos casos, se apuntan a miles de mascarillas compradas a empresas del sector eléctrico o de bebidas. Así se explica en un auto fechado hoy mismo al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La Fiscalía Europea ya había solicitado el traslado de todas las actuaciones para sumir la investigación a través de un decreto, ya que tiene firmes sospechas en que la millonada que el Servicio Canario de Salud (SCS) pagó por adelantado para comprar un millón de mascarillas que no recibió, procedía de fondos europeos y en concreto que se trataba de fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Lo que sostiene la Fiscalía Europea, es que en regla con el derecho comunitario, el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción, están obligadas a cederle la investigación.

El llamado «caso mascarillas» de Canarias, arranca en abril de 2020, cuando el Gobierno de Canarias (PSOE), pagó cerca de cuatro millones de euros a la empresa de compraventa de coches RR7 United para adquirir material sanitario que nunca llegó. Se trataba de comprar más de un millón de mascarillas FPP3 que nunca recibieron los sanitarios de los hospitales de las islas.

Desde la revelación del caso, el Gobierno de Canarias mantiene que son los estafados en todo este oscuro asunto, mientras que la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra altos cargos del Servicio Canario de Salud, dependiente del Gobierno canario, así como contra el administrador de la empresa, por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales. Un procedimiento en el que el presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, está llamado a declarar como testigo.