Los fiscales del Supremo rechazan la maniobra del íntimo de la abogada de Podemos para salvar a Iglesias

Los fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no han recibido en buena lid el escrito enviado por los representantes de Anticorrupción, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, en el que solicitan a sus superiores que no investiguen a Pablo Iglesias por los tres delitos de los que le acusa el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

De hecho, fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por OKDIARIO han llegado a afirmar: «No sé qué se creen, ese escrito va a ir directamente a la basura. Es algo inaudito que desde Anticorrupción traten de influir en una decisión como esta».

Las mismas fuentes apuntan a que lo hecho por el fiscal Ignacio Stampa, que mantiene una estrecha relación con la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, y que se confabularon para tratar de hundir a OKDIARIO y a Eduardo Inda, podría ser como “una pataleta de niño de colegio” contra García-Castellón, quien envió la petición de imputación de Iglesias sin elevar consulta a los fiscales del caso Dina-Iglesias.

De hecho, explican que “esa pataleta” sería la única explicación lógica para lo sucedido este jueves, pues cualquier otro motivo sería “del todo incomprensible en alguien que pertenece a una Fiscalía tan seria como Anticorrupción”.

Ni caso

En cuanto a cuál será la decisión sobre la imputación o no de Pablo Iglesias, los fiscales se curan en salud: «Hasta que no veamos toda la documentación y hagamos la Junta de Fiscales, no se tomará ninguna decisión. Nosotros somos asépticos y objetivos. Basta ya de injerencias».

Así, ni José Luis Bueren, Pilar Fernández Valcárcel, Fernando Rodríguez Rey, Juan Ignacio Campos, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena ni Jaime Moreno, que deberán debatir las cuestiones jurídicas, piensan hacer ni caso al escrito enviado por Stampa y Serrano. Los ocho basarán su decisión en su experiencia jurídica única y exclusivamente.

El escrito

En el escrito enviado a la Fiscalía General del Estado, Anticorrupción se permite el lujo de valorar jurídicamente los presuntos delitos cometidos por Iglesias. Así, dicen que no puede existir un delito de daños informáticos pues obra en la causa un informe de la Policía que dice, entre otras cosas, que «no se puede acreditar que la tarjeta de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, sufriera daños». Lo que no explican los fiscales Anticorrupción es que la propia Dina declaró ante García-Castellón que le devolvieron rota la tarjeta.

Respecto del delito de revelación de secretos con agravante de género, los fiscales explican que no se puede perseguir este delito porque la presunta víctima no se siente perjudicada.

Por último, y sobre la posible denuncia falsa, desde Anticorrupción aseveran que la hipótesis más certera es pensar que Villarejo le entregó la copia de la tarjeta a OKDIARIO. Es este escrito pues otra maniobra de los fiscales Stampa y Serrano en contra de OKDIARIO y Eduardo Inda, a los que llevan intentando destruir desde el principio de la investigación.

Caso Iglesias

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada con los indicios delictivos presuntamente cometidos por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina-Iglesias. En el escrito de 63 páginas, el magistrado solicita que se investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito.

Además, solicita que se investiguen a la diputada Gloria Elizo y a los letrados de la formación morada Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo por acusación o denuncia falsa o simulación delito. El juez cree que Dina Bousselham y su marido Ricardo Sa Ferreira pudieron cometer un delito de falso testimonio.

De no ser aforado por su condición de diputado del Congreso y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias habría sido imputado de tres delitos por el juez que durante años ha investigado la causa.