El fiscal sustenta la «rebelión» de Puigdemont en que usó a los Mossos como «fuerza armada intimidatoria»
La Fiscalía General del Estado acusa a Carles Puigdemont y a su destituido gobierno de rebelión porque usaron a los Mossos como «fuerza armada intimidatoria». En la querella presentada este lunes [puedes consultarla aquí], la Fiscalía denuncia la connivencia del Cuerpo policial con el proyecto secesionista diseñado desde el Govern, y le considera, de facto, como el Ejército de la independencia de Cataluña.
El delito de rebelión (artículo 472 del Código Penal) persigue a quienes «se alzaren violenta y públicamente» para la consecución de siete fines, dos de los cuales vienen como anillo al dedo de los golpistas en Cataluña: la derogación de la Constitución y la declaración de independencia de una parte del territorio nacional.
La violencia que requiere el delito de rebelión «no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas», según la Fiscalía. Y añade: «La concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas, es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden sabedores de que cualquier oposición a los planes rebeldes tornará el alzamiento den violento y belicoso».
En este sentido, la querella firmada por José Manuel Maza explica que «la declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña».
Recuerda la querella que esta conclusión fue explicitada por el consejero de Interior, Joaquim Forn, máximo responsable de los Mossos, cuando a preguntas sobre si podría producirse un enfrentamiento entre Mossos y Policía Nacional y Guardia Civil manifestó: «Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política [la independencia], no habrá colisión ente policías».
La Fiscalía General del Estado no tiene ningún reparo en considerar que todos los hechos que se produjeron el 1-O, así como en los días previos y posteriores, «constituyeron una insurrección, un levantamiento alentado por los querellados, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, tratando de impedir por la fuerza el cumplimiento de las resoluciones judiciales».
Y no se deja engañar por el llamamiento a la resistencia pacífica de los independentistas. «No era sino un eufemismo» de lo que en realidad consistía en una incitación a la insurrección.
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