El fiscal sospecha que el equipo de Gallardón «ocultó información» para comprar Inassa desde Panamá

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el equipo de Alberto Ruiz Gallardón «ocultó información» durante el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid donde se aprobó la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, a través de una sociedad offshore de Panamá.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la Fiscalía centra sus esfuerzos en demostrar que esta falta de transparencia se realizó de forma deliberada para adquirir Inassa con la compañía panameña Sociedad de Aguas de América como intermediaria en el año 2001 por 73 millones de dólares. Anticorrupción sostiene que la «compra fue fraudulenta» y que «no fue beneficiosa» para los madrileños, aunque los investigados defienden la tesis contraria.

El Ministerio Fiscal se encuentra a punto de terminar la instrucción de la pieza principal del caso Lezo y centra sus pesquisas en cerrar el círculo en torno a los consejeros de Gallardón que conocían todos los datos de la operación. A juicio de la Fiscalía actuaron de «forma dolosa» para cerrar la compra.

En este contexto, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha tomado ya declaración en calidad de investigados a los consejeros de Gallardón y a varios altos cargos de la Comunidad de Madrid durante su presidencia. El juez sospecha que pudo existir «una sobrevaloración claramente perjudicial» en la operación, que se realizó a través de una «compleja estructura societaria» radicada en Panamá y que contravino «de plano» los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad.

Paz González, exconsejera madrileña de Justicia y Administraciones Públicas, y Luis Eduardo Cortes, exconsejero de Obras Públicas Urbanismo y Transportes aseguraron ante el magistrado que votaron a favor de la compra de Inassa porque confiaron en la legalidad del proyecto y en los informes técnicos que lo avalaban.

Ambos exconsejeros defendían que la operativa se hizo de acuerdo a la ley y que estaba respaldada por una serie de informes técnicos y jurídicos que nunca pusieron en cuestión. También señalaban que nunca entraron en los detalles de la compra y que ellos se limitaron a votar a favor en base a la «confianza» mutua que había entre los miembros del Ejecutivo madrileño.

Las exconsejeras Alicia Moreno (Bellas Artes), Pilar Martínez (Servicios Sociales) y el exconsejero, Luis Peral (Trabajo) defendían la misma versión que el resto de sus compañeros de Ejecutivo y aseguraban que siempre confiaron en los técnicos que habían avalado el proyecto con sus informes y en los consejeros que lo presentaron: el extitular de Medio Ambiente y expresidente del Canal, Pedro Calvo, y el de Hacienda, Juan Bravo.

Además, explicaban que a la hora de votar desconocían los detalles de la operación y «no sabían» que el Canal iba a adquirir Inassa a través de una estructura societaria radicada en Panamá.

La declaración de Gallardón

El propio Alberto Ruiz Gallardón defendía la “transparencia” en la compra de la filial colombiana Inassa el pasado 7 de junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

Gallardón recordaba en sede judicial que en el Consejo de Administración del Canal había miembros del PSOE, la patronal, las centrales sindicales y otras Administraciones, incluso la Confederación Hidrográfica del Tajo. Esta composición, afirmaba el expresidente madrileño, “garantizaba una gestión profesional, una gestión plural y transparente. En ese espíritu se adoptó la decisión de comprar”.

Sobre la elección de adquirir Inassa a través de Panamá señalaba que “fue decisión del Canal y que la condición que impusieron los vendedores. Una operación prudente y se ha acreditado la legalidad. Fue una compra buena para el Canal y para los madrileños. Se contaba con todos los informes jurídicos favorables y el tiempo ha demostrado que esa fue una buena operación para el Canal de Isabel II” recalcaba.