El fiscal jefe de Álava mantiene la existencia de una «trama criminal» entre vinculados al PNV
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha mantenido este lunes que los imputados del caso De Miguel constituyeron una «trama criminal» dedicada a lucrarse mediante la obtención indebida de fondos públicos y que entre «casi todos» los acusados existía un nexo común, su relación con el PNV.
Izaguirre ha comenzado hoy a presentar su informe final en el juicio que desde enero se sigue en la Audiencia Provincial de Álava por el conocido como caso De Miguel, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales con 26 acusados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés, como el que fuera número dos de este partido en esa provincia y diputado foral Alfredo de Miguel.
El fiscal ha indicado que el origen del caso no es la denuncia presentada en 2009 por una «loca» que dice que ha sido extorsionada para lograr un contrato en el Parque Tecnológico de Álava sino que es una abogada que aportó a la Fiscalía «elementos muy contundentes», como grabaciones y un correo electrónico en el que De Miguel le reclamaba una «mordida» desde su correo oficial cuando era diputado foral.
Izaguirre ha indicado que desde el primer momento se observa que se trata de una «trama» u «organización criminal», de «gente con poder» que actuaba con «impunidad», y donde existe un «nexo común» entre «casi todos» los acusados, «algún tipo de relación con un partido político», el PNV.
«Estamos ante prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio», ya que se reclama una comisión ilegal, que se dice que se va a cobrar «sí o sí» e incluso se cita al padre de la denunciante a una comida para seguir con la petición de la mordida, ha descrito el fiscal, quien ha ironizado con el «toque vasco», de extorsionar «comiendo».
Izaguirre reclama 29 años y 9 meses de cárcel para De Miguel tras rebajar las penas iniciales solicitadas para él y para el resto de los imputados en su escrito de conclusiones definitivas.
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