García Ortiz bloquea la acusación de sus fiscales por el dinero del 1-O malversado en el extranjero

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, está bloqueando un escrito de la Fiscalía de Barcelona por el dinero del 1-O malversado en el extranjero. Se trata de un documento elaborado por la fiscalía catalana sobre la causa judicial que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la que ya hay imputados 30 altos cargos de la Generalitat de Cataluña por el procés. La Fiscalía General aún no ha ratificado este escrito de acusación y la firma de Álvaro García Ortiz es condición indispensable para aportar este documento a la causa.

Siete años después del 1-O, un juzgado de Barcelona investiga la malversación de millones de euros públicos para organizar el referéndum ilegal y financiar actos internacionales para promover la independencia de Cataluña. La titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ya abrió juicio a la cúpula del Govern por malversar dinero público a la hora de organizar las urnas, pero ahora también asume la investigación del Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona en la que se indagaba sobre los fondos malversados en los actos celebrados en el extranjero entre 2014 y 2017 por los independentistas. La Audiencia de Barcelona pidió unificar ambas causas y la magistrada aceptó la acumulación reactivando la investigación.

La Fiscalía de Barcelona ya tiene listo el escrito de acusación, sin embargo, no se ha aportado a la causa judicializada ya que el fiscal general no ratifica este documento sobre el dinero malversado para el 1-O. «Lo está haciendo para ganar tiempo», señalan fuentes cercanas a la causa consultadas por este periódico en alusión a la aplicación de la futura Ley de Amnistía que olvidará los delitos cometidos por los independentistas. No obstante, la causa sigue abierta ya que la amnistía aún no ha finalizado su tramitación parlamentaria y, por el momento, los jueces no tienen el deber de aplicarla.

30 procesados

El procedimiento judicial que está bloqueando Álvaro García Ortiz cuenta con una treintena de procesados por los presuntos delitos de malversación de fondos, falsedad documental y desobediencia. Se tratan de cargos del Govern, directivos, empresarios y funcionarios de la administración catalana que orquestaron la organización de las urnas en los colegios durante el 1-O.

La magistrada envió a juicio a la directora de servicios de Presidencia Teresa Prohias; al responsable del Consell Català de l’Esport Aleix Villatoro; al secretario de Territorio, Urbanismo y  Agenda Urbana Francesc Sutrias y al director general de Atención Ciudadana Ignasi Genovés. También están procesados el ex secretario de Comunicación del Govern Antoni Molons; el ex secretario de Difusión del Departamento de Presidencia Joaquim Nin; el ex director de Comunicación del Govern Jaume Clotet y el ex secretario general de Trabajo Josep Ginesta, entre otros dirigentes del gobierno catalán.

A los altos cargos del Govern también se suman responsables de la infraestructura técnica de la Generalitat de Cataluña. La jueza imputó por malversación a los ex responsables de tres empresas que participaron en la organización del referéndum. Se tratan del ex director general de Unipost Pablo Raventós, la que era responsable de servicio de T-Systems Rosa Maria Rodríguez y el administrador de El Vallenc Francesc Fàbregas.

Dinero malversado en el 1-O

Las cifras de dinero malversado para la celebración del 1-O ascienden a cantidades millonarias. La investigación llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona dictaminó que los procesados presuntamente malversaron unos 4,3 millones de euros públicos en la organización del referéndum.

La fiscalía también presentó una querella contra altos cargos del Gobierno catalán, a los que se les atribuyó haber supuestamente malversado cerca de un millón de euros en la promoción exterior de la independencia de Cataluña. Los datos fueron aportados por un informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del Ejecutivo catalán entre 2012 al 2017.

Pese a las evidencias de malversación de fondos identificadas por la juez, las defensas de los imputados han recurrido la apertura de juicio. Además, el fiscal general no está ratificando el escrito de acusación que la Fiscalía de Barcelona quiere aportar a la causa por el dinero malversado durante el 1-O. Así, la causa judicial está bloqueada a la espera de la amnistía que ya está siendo tramitada como proposición de ley en las Cortes.