El sanchismo y la Justicia

El fiscal del Tribunal de Cuentas que eligió Delgado, clave en los trueques de Sánchez con ERC y Junts

Tribunal de Cuentas fiscal
Manuel Martín-Granizo, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas (Foto: Efe)
Roberto Pérez
  • Roberto Pérez
  • Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.

Manuel Martín-Granizo, con más de 40 años de ejercicio en la carrera fiscal, ha pasado a convertirse en un nombre clave en los particulares trueques que está negociando Pedro Sánchez con los independentistas de ERC y Junts para conseguir que le voten una nueva investidura como presidente del Gobierno. Entre las chantajistas condiciones que han puesto sobre la mesa los independentistas está perdonar a los cabecillas del golpe independentista de Cataluña los más de 3 millones de euros que malversaron: 3,1 según la Fiscalía, 5 millones según Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce la acusación popular. El caso está pendiente de juicio en el Tribunal de Cuentas.

A la sombra de los pactos que desde hace años mantiene Sánchez con los independentistas para mantenerse en La Moncloa, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha ido suavizando progresivamente ciertas posiciones en sus escritos de acusación.

¿Qué ha hecho la Fiscalía hasta ahora?

Así, aunque el acta provisional que elaboró el Tribunal de Cuentas cifró inicialmente en 9 millones de euros el dinero público malversado entre 2011 y 2017 para financiar la hoja de ruta independentista que culminó en el 1-O, el fiscal rebajó la cifra a 3,4 millones de euros. Meses después aplicó otra rebaja adicional y la dejó en 3,1 millones. Todo ello ya con Martín-Granizo como fiscal-jefe del Tribunal de Cuentas, cargo al que llegó en sustitución de Miguel Ángel Torres.

Eso sí, también con Martín-Granizo al frente de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en reiteradas ocasiones se ha negado a otras pretensiones de los encausados. Así, hasta ahora se ha opuesto a que se les paralice el contador de los intereses por las cantidades malversadas.

¿Quién es Martín-Granizo?

En 2021, Manuel Martín-Granizo se postuló para ser promovido a la categoría de fiscal de sala. Compitió con otro candidato, al que se impuso por sólo un voto en la sesión del Consejo Fiscal al que le tocó marcar posición al respecto. Pero la decisión final de ese órgano no es concluyente, es sólo una propuesta. Quien se encargó de consumar el nombramiento de Martín-Granizo fue Dolores Delgado, que elevó en firme ese nombre ante el Gobierno en diciembre de 2021. Menos de un mes después, el 18 de enero de 2022, el recién promovido a fiscal de sala tomó posesión como fiscal-jefe del Tribunal de Cuentas.

Ingresó por oposición en la carrera fiscal en 1981. Tras pasar por varios destinos, en una escalada continua, fue miembro del Consejo Fiscal durante cuatro años, entre diciembre de 2009 y enero de 2014. Al año siguiente, en 2015, fue promocionado a fiscal del Tribunal Supremo, destinado en su sección penal. Ese fue su destino hasta que ascendió a la categoría de fiscal de sala y Dolores Delgado lo promovió para ser el jefe de la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas.

Martín-Granizo pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma organización de la que forma parte la socialista Dolores Delgado, cuya querencia izquierdista dejó clara en su paso tanto por el Ministerio de Justicia por con su nombramiento por Sánchez como Fiscal General del Estado.

¿Por qué pasa a ser clave para Sánchez?

Ahora, por derivación, Martín-Granizo pasa a ser una figura clave en las negociaciones entre el PSOE y los independentistas para garantizar una nueva investidura de Pedro Sánchez. ERC y Junts han puesto como una de las condiciones que se dinamite el proceso judicial abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat acusados de haber participado en el desvío de fondos públicos para usarlos en el proceso independentista que condujo al frustrado golpe secesionista del otoño de 2011.

Los negociadores de Sánchez –y también ERC y Junts– son conscientes de que es imposible dar carpetazo a un proceso judicial que está tan lanzado como que ya hay fecha para el juicio: el próximo 14 de noviembre. Pero se puede desmontar la acusación, y ahí entra la Fiscalía, que es esencial.

Una solución pasaría por que Martín-Granizo cambiara de criterio y desdibujara el que hasta ahora ha sido su escrito de acusación. Es decir, que optara por exonerar en todo o en una gran parte a todos o a la mayoría de los encausados. A ser posible, que se retirara la acusación contra ellos. De ser así, sólo quedaría como acusación real la ejercida por Sociedad Civil Catalana en este proceso. Pero, cuando un tribunal tiene que tomar posición y dictar sentencia, la tesis de la Fiscalía tiene un peso especialmente significativo, por lo que un cambio de criterio de Martín-Granizo frente a los golpistas podría resultar decisivo para satisfacer las exigencias que ERC y Junts están marcando ante Pedro Sánchez.

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