La fiscal del caso Gürtel dice que los acusados «atentaron contra el Estado de derecho»

La fiscal Concepción Sabadell ha finalizado hoy su informe en el juicio del caso de corrupción política Gürtel diciendo que «se han acreditado hechos de extrema gravedad» en administraciones gobernadas por el PP con los que los acusados «atentaron contra el Estado de derecho».

En su tercer día de intervención la fiscal ha vuelto a reiterar su acusación respecto a los 37 acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, para los que pide 39 años de prisión a cada uno, así como el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para el que solicita 125 años de cárcel.

«Con su reiterada violación de los principios de equidad, integridad, responsabilidad e igualdad ante la ley en la adjudicación de los contratos públicos, los acusados atentaron contra el Estado de derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social», ha subrayado la fiscal.

Ha puesto de manifiesto «la abrumadora prueba documental que se ha desgranado en el juicio» y ha insistido en que «los hechos que se han acreditado son de extrema gravedad no solo por su naturaleza y el perjuicio que han causado sino porque se realizaron como un modo ordinario de contratación pública en distintas administraciones gobernadas por el PP».

Concepción Sabadell ha comentado que en las mismas «algunas de las autoridades y cargos públicos admitieron sobornos para enriquecerse con fondos públicos que tenían la obligación de proteger y salvaguardar».

Igualmente, ha advertido de que «los funcionarios y las autoridades faltaron a sus deberes éticos y profesionales, prevaricaron dictando resoluciones injustas con base a unos sobornos y además desfalcaron las arcas públicas en beneficio propio y del grupo Correa».

«Los acusados con su reiterada actuación y penetración en la Administración consiguieron que esos mecanismos viciados en la contratación pública se consolidara como un problema estructural con graves repercusiones en la confianza de los ciudadanos», ha apostillado.

Previamente, la fiscal ha comentado hoy durante la exposición de su informe que no se sabe aún dónde están 4.100.000 euros de los más de diez millones que el extesorero del PP Luis Bárcenas ocultó en cuentas bancarias de Suiza.

También ha hecho referencia a Jesús Sepúlveda, para quien pide 15 años de prisión y del que ha dicho que cobró comisiones por adjudicaciones valiéndose de que fue senador y alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), y que se beneficiaron también su exexposa, la exministra Ana Mato, y el PP, a quienes reclama 28.468 euros y 328.440 respectivamente como partícipes a título lucrativo.

Sobre Alberto López Viejo, la fiscal ha comentado que siendo exviceconsejero de Presidencia y exconsejero de Deportes de Madrid (entre 2004 y 2009) cobraba el diez por ciento de comisión por adjudicar a empresas del grupo de Correa contratos para el montaje de actos institucionales de la Comunidad autónoma.

Por su parte, el abogado del Estado ha pedido que la Audiencia Nacional dicte una «sentencia ejemplar» para que no se repitan las actuaciones cometidas por los acusados y que a cargos políticos y empresarios les dé «miedo» incurrir en sobornos.

Así lo ha dicho al finalizar su informe acusatorio, en el que ha señalado que «no puede ser que vuelvan a pasar cosas como las que cometieron los acusados y que han explicado con una naturalidad que da miedo».

«Debe ser una sentencia con la que todo empresario que esté en la tentación de sobornar» a un cargo político «diga qué miedo» porque recuerde las penas impuestas a los acusados del caso Gürtel, es decir que sea una resolución «ejemplar», ha insistido.

El letrado del Estado, que ha cifrado en quince millones de euros la defraudación total de los acusados, ha coincidido con la fiscal en la gravedad de los hechos y ha calificado de «cáncer que ha afectado a la Administración» la actuación de la trama.

Ha incidido «en la gravedad específica de las conductas por la condición de las personas acusadas especialmente Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y el exalcalde de la localidad madrileña de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega.

«Son personas que fueron elegidas por los españoles para desempeñar cargos públicos, que se suponía que tenían que proteger los intereses generales y no defraudarlos ni robarlos», ha añadido el abogado del Estado.

El abogado del Estado ha comentado que en el juicio «Correa ha querido asumir toda la responsabilidad y con su conducta, no exenta de gallardía, quiere exonerar a todas las personas que trabajaron con él, pero no debemos caer en ese engaño pues las mismas son cooperadoras».

Ha añadido que, aunque esta conducta de Correa «le podría ennoblecer, llega un poco tarde, pues, si hubiera colaborado en la fase de instrucción, la misma habría sido más rápida y no habríamos perdido el dinero que sacó Bárcenas».

El abogado de la acusación ejercida por la Comunidad de Madrid se ha sumado a la petición del letrado del Estado y ha reclamado una «sentencia modelo» para evitar que se repita un caso similar, y ha señalado que Alberto López Viejo fue el que más daño hizo a la administración regional madrileña.

Ha apostillado que, como consta en testimonios de la causa, «para el grupo Correa la Comunidad de Madrid era Alberto López Viejo»