El exconsejero Romero utilizó la ‘black’ los fines de semana porque su trabajo no se limita de lunes a viernes

PSOE
Antonio Romero, (en el centro) del PSOE, ingresa en prisión.

El ex consejero de Caja Madrid Antonio Romero ha insistido en una nueva sesión del juicio por el uso de las tarjetas ‘black’, que hizo cargos a su Visa los fines de semana porque la actividad que desarrollaban en la entidad no se circunscribía únicamente de lunes a viernes.

A preguntas de las partes, el ex vicesecretario de organización del Partido Socialista de Madrid (PSM) Antonio Romero, que cargó 252.009 euros a su plástico según consta en el desglose de gastos aportado por Bankia, ha aclarado que la visa tenía «cierta libre disposición» aunque había establecido un límite de gasto que era necesario cumplir.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, le ha atribuido gastos en restaurantes, transportes, desplazamientos, y, aunque Romero no ha reconocido ese desglose no otorga «credibilidad» al documento, ha afirmado que se hicieron desembolsos «los días de fiesta» porque, en calidad de representante de corporaciones municipales, tenían actividad los fines de semana.

Gastos tras dejar el cargo

Así, ha dicho ante el tribunal que preside Ángela Murillo que hizo uso de la tarjeta opaca dos meses después de dejar Caja Madrid «hasta agotar el saldo» tal y como le dijeron, si bien acabó destruyéndola por orden de Jesús Rodrigo, sustituto de Enrique de la Torre al frente de las secretaría del Consejo de Administración de Caja Madrid.

Romero, para el que la Fiscalía pide 4 años de prisión y una multa de 81.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida, ha añadido que su tarjeta fue clonada en una ocasión, motivo por el cual se le acabó bloqueando y entregando una nueva.

Los 65 exaltos cargos y consejeros de Caja Madrid y Bankia se enfrentan a penas que van de entre uno y seis años de cárcel por los gastos que efectuaron con los plásticos y que ascienden a 12,5 millones de euros en los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2012.

Navasqües niega que fueran «comprados por Blesa»

El exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid Ignacio de Navasqüés ha negado hoy que los usuarios de las tarjetas opacas de la entidad fuesen «comprados por Blesa» y ha afeado a las acusaciones particulares, en concreto a Bankia, por «rebuscar en toda la caja» un indicio de delito para emprender la investigación judicial.

«Me parece de mala fe que una cuenta que tiene una definición muy clara no le llame la atención al auditor», ha dicho en relación a la supuesta ocultación por parte de Bankia de la información que vincularía la contabilidad de los gastos efectuados con estas tarjetas con el acuerdo alcanzado en mayo de 1988 por el consejo de administración y que dio origen al sistema.

Navasqüés también ha afeado al fiscal Alejandro Luzón que durante los interrogatorios se haya referido a estas tarjetas como «las ‘black’», un reproche muy comentado por las defensas durante los recesos, y ha afirmado rotundamente que eran «públicas y conocidas como ha quedado claro durante el proceso».

En este sentido, ha incidido en que cuando recibió su tarjeta de manos del que fuera secretario de la caja Enrique de la Torre, «la di de alta en la oficina electrónica», razón por la que ha dicho sentirse «sorprendido» por las noticias sobre su opacidad «cuando se da de alta en la contabilidad, se recibe el extracto mensual del uso de la misma y se asienta en una cuenta específica».

Asimismo, el exconsejero ha asegurado que ninguno de los 65 usuarios de las tarjetas, para quienes el Ministerio Fiscal solicita penas de entre seis y un año de prisión por apropiación indebida continuada, causaron «la desgracia económica de la caja», y ha recordado que él ya devolvió las cantidades gastadas.

«He hecho dos depósitos, el primero de 50.000 euros, amedrentado con todo lo que salió en la prensa, y luego todo el importe restante con gran dolor de mi corazón porque yo creo que no he cometido ningún delito», ha relatado Navasqüés.

También se ha referido a su declaración ante el instructor de la causa, Fernando Andreu, ante quien reconoció que un compañero llegó a decir «paga la caja» en relación a unos «gastos de boda», y ha matizado que pese a ser una celebración de ese tipo «nunca hubiese ido de no tratarse de un consejero».

Y es que de los 195.000 euros que le imputa la principal prueba inculpatoria, la hoja de cálculo excel aportada por Bankia a la causa, «el 80 % correspondía a gastos de representación», aunque «eso no quiere decir que todo lo que aparezca se corresponda con mis gastos».

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