Los 3 altos cargos de Sánchez imputados por malversar 310 millones covid se arriesgan a 14 años de cárcel

El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, son los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez que el pasado mes de abril desfilaron por un juzgado de Madrid acusados de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos covid. Estos delitos están castigados con penas que podrían sumar hasta 14 años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 años.

Los tres fueron citados a declarar por la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, como investigados por la adjudicación de medio centenar de contratos por importe de 310 millones de euros destinados a la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia. A juicio de Vox, que interpuso la querella que dio inicio a esta causa, estos contratos presentan severas irregularidades.

En concreto, según la formación que dirige Santiago Abascal, el Ejecutivo socialista cerró una serie de contratos «con empresas sin solvencia técnica ni profesional» en el sector sanitario, de las que además «no consta su identidad fiscal, ni establecimiento algo en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización» y a las que se pagó un importe «muy elevado al de mercado».

A este respecto, la querella destaca 12 contratos con empresas «que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados». Esto propició que algunos de los encargos nunca se llegaran a materializar. Es el caso, por ejemplo, de Hyperin Grupo Empresarial, a la que se transfirieron 2,7 millones de euros por adelantado para la compra de 144 respiradores que nunca se recibieron. La empresa, en realidad, se dedicaba a la fabricación de yeso.

Pero esta no es la única compañía cuyo objeto social no se corresponde con las prestaciones objeto del contrato adjudicado por el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el Ejecutivo socialista abonó 4,2 millones de euros para el suministro de 700.000 hisopos a una empresa dedicada al asesoramiento legal y 10,6 millones destinados a la adquisición de guantes y mascarillas se pagaron a una empresa relacionada con el comercio de tabaco.

Asimismo, y según recoge la querella de Vox, en los contratos investigados se habrían detectado «sobrecostes» que, de media, alcanzaron el 300% en algunos productos.

Unas irregularidades por las que han tenido que declarar en calidad de investigados los responsables de los entres que agruparon la mayor parte de las adquisiciones llevadas a cabo por el Ejecutivo. Alfonso María Jiménez, Paloma Rosado y Patricia Lacruz son de momento los tres altos cargos del Gobierno imputados por malversar 310 millones en contratos covid.

Sin control

La falta de control denunciada por Vox no sorprende si tenemos en cuenta que, desde que se decretara el primer estado de alarma en marzo de 2020, la vía de emergencia, poco transparente y sin concurso público, se convirtió en la vía favorita para la adjudicación de contratos, incluso si estos versaban sobre asuntos cuya urgencia estaba lejos de ser excepcional. La crisis sanitaria se convertía así en la excusa perfecta de las administraciones para invocar una figura reservada a casos extraordinarios, lo que se ha traducido en derroche para las arcas públicas.