Esperanza Aguirre e Ignacio González citados a declarar el 11 de febrero por el caso de los espías

OKDIARIO ha podido saber que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su ex vicepresidente, Ignacio González, acudirán a declarar en calidad de testigos ante el tribunal de la Audiencia de Madrid que juzgará el ‘caso de los espías’ el próximo 11 de febrero.

Ese mismo día también están citados otros altos cargos del equipo de Aguirre como Mar Pérez Merino, directora general de Consumo; Marcos Peña, ex policía nacional; y Yolanda Laviana, ex mujer de uno de los imputados -el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón- y ex secretaria de Esperanza Aguirre.

Laviana se negó a declarar «por miedo» durante la Comisión de Corrupción de la Comunidad de Madrid celebrada en 2016. Su intervención fue breve: «He vivido un horror. Esto ha destrozado mi vida. Me acojo al derecho a no declarar».

Unos días antes, el 8 de febrero, también testificará como testigo el que fuera secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia quien también asumió las competencias de Interior, Francisco Granados; el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada; el ex vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; y la diputada autonómica del PP, Carmen Rodríguez Flores.

El día 13 de febrero, dos días después de que comparezcan Aguirre e Ignacio González, declararan Salvador Victoria, el que fuera consejero de Asuntos Sociales; Enrique Barón, sucesor de Gamón como director general de Seguridad; y los comisarios José Luis Oliveira y Jaime Barrado.

En el banquillo de los acusados por el conocido como caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, se sentarán tres guardias civiles, un funcionario público, y dos agentes de la policía nacional -entre ellos se encuentra el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón-, acusados todos ellos por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Diez años después de que estallara el caso la Audiencia de Madrid ha determinado que sí existen hechos enjuiciables que culpen a los acusados de «proceder durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008 a realizar seguimientos a terceras personas, actividad que no estaba dentro de su trabajo, utilizando para ello y dentro de su jornada laboral medios que la Comunidad de Madrid ponía a su disposición destinando en consecuencia esos medios y el coste que suponían a una actividad ajena a su trabajo».