El enlace entre los presos de ETA e Interior: «Los cambios por la acción del Gobierno cogen ritmo»

La plataforma de apoyo a los presos de ETA Sare se jacta en sus informes de las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez ante los etarras. Así se recoge en un documento reciente de la organización, cuyo portavoz, Joseba Azkarraga -ex consejero vasco de Justicia- ejerció de nexo entre los presos y el Ministerio del Interior para tratar beneficios para los encarcelados, según las investigaciones de la Guardia Civil.

En el informe, publicado hace unos días, Sare analiza la evolución de la política penitenciaria en los últimos años y concluye que, desde «finales de 2019» -sólo unos meses después de los contactos relatados por la Guardia Civil- «los cambios derivados de la acción del Gobierno, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cogen más ritmo».

Las afirmaciones adquieren un especial significado tras conocerse los contactos entre Azkarraga y representantes de Interior, como el responsable de Instituciones Penitenciarias y una de las personas de máxima confianza del ministro Grande-Marlaska, Ángel Luis Ortiz.

En el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se destaca, a través de las conversaciones del etarra Kubati, que «Joseba Azkarraga mantiene contacto frecuente con algún responsable de Instituciones Penitenciarias (IIPP)», ya que «en numerosos mensajes, Joseba hace referencia a esta persona como ‘el de Madrid’», en alusión a Ángel Luis Ortiz. El propio Kubati participa en la preparación de los encuentros con el responsable de las cárceles y es informado posteriormente de esos contactos.

La Guardia Civil afirma que el actual responsable de la red de apoyo a los reclusos terroristas «contacta (con ese alto responsable de Interior) tanto telefónicamente como personalmente a través de reuniones cuando se desplaza a Madrid, poniendo al corriente a Kubati de toda la información que recibe de este individuo». En otro de los mensajes intervenidos por la Guardia Civil, el diputado de Bildu Julen Arzuaga reenvía un mensaje que ha recibido de Azkarraga: “El próximo martes tengo una nueva reunión con Ángel Luis. ¿Tenéis alguna cosa concreta que os interese traslade?”, añadiendo: «Hala, a pasar la lista de prioridades».

En el informe de la plataforma Sare, publicado en enero de este año, los proetarras relatan cómo, tras la llegada de Sánchez al Gobierno, el trato a los presos cambia.

«Intuimos que en aquel nuevo Gobierno», dicen sobre la llegada de Sánchez a La Moncloa, «la política penitenciaria debe dejar de ser parte de la política antiterrorista (ETA se había disuelto en mayo de 2018…) para ser, en stricto sensu, una política penitenciaria».

Es a «finales de 2019», sólo unos meses después de los contactos que relata la Guardia Civil en su informe, cuando el entorno de presos de ETA detecta «que los cambios derivados de la acción del Gobierno, a través de Instituciones Penitencias, cogen más ritmo».

Y destacan especialmente la acción de Sánchez: «Conviene subrayar que los cambios que mejoran la situación -ubicación geográfica y régimen de vida- de estas personas devienen, mayoritariamente, de las decisiones del poder ejecutivo, pues la inicial senda de resoluciones judiciales del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria no se ha mantenido en estos dos años. Muy al contrario, se puede hablar claramente de una involución en las instancias judiciales».

Cabe recordar que el Ministerio del Interior completó hace meses el acercamiento de presos a cárceles próximas del País Vasco y Navarra. El siguiente paso será el traslado definitivo de los etarras a estas comunidades. El Gobierno vasco cuenta ya con la tutela de las cárceles gracias a la competencia transferida por Sánchez, lo que le habilita para llevar a cabo su plan de excarcelaciones. El objetivo último de Bildu, socio preferente del Ejecutivo, es que los etarras estén «libres». En su informe, el entorno de presos no se da por satisfecho pese a los beneficios otorgados por el Gobierno.

En este contexto, piden «cambios legislativos», como la derogación de la ley 7/2003 -que obliga al cumplimiento íntegro de las penas-y la ley 7/2014. También quieren arrebatar el poder a la Audiencia Nacional para que «la adopción de las decisiones necesarias para que la política penitenciaria sea fiscalizada por juzgados de vigilancia penitenciaria ordinarios».