España

El fracaso del giro nacionalista de Iceta es un alivio para los barones del PSOE

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La escuálida subida de Miquel Iceta en las elecciones del 21 de diciembre, un escaño más que en 2015 y su segundo peor resultado histórico, es una decepción para un candidato que en un momento pensó incluso con gobernar. Pero un alivio, contenido, para los barones socialistas, que han observado con preocupación las tesis de la federación catalana y su decidida apuesta por el nacionalismo.

Entre los dirigentes del PSOE no han ocultado sus críticas ante algunas de las propuestas del programa, como la que defendía una condonación de la deuda, una competencia «estricta» de la Generalitat en lengua y cultura o una autonomía fiscal, al estilo del modelo vasco.

De hecho, Iceta llegó a apoyar 45 de las 46 demandas que el gobierno independentista de Carles Puigdemont presentó a Mariano Rajoy, en su encuentro en La Moncloa, el año pasado. Del listado sólo excluyó el referéndum ilegal de independencia, pero no otras peticiones, también polémicas, como la anulación de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las leyes catalanas.

Ese giro al discurso secesionista provocaba recelos indisimulados en el resto del Estado. La presidenta andaluza, Susana Díaz, no las disimuló y rechazó participar en la campaña catalana. Las diferencias entre ambos líderes son profundas, y arreciaron en plena campaña. Díaz se opuso a la propuesta del PSC de reformar el modelo de financiación mediante un consorcio mixto entre Cataluña y el Gobierno para recaudar todos los impuestos de los catalanes. La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero-mano derecha de la presidenta- consideró que eso podría dar la «falsa impresión» de que son los territorios los que contribuyen a la hacienda común con la cesión de sus impuestos, cuando la realidad es que «son los ciudadanos los que aportan los recursos» con independencia de donde residan.

Otro momento controvertido fue la promesa de Iceta de indultar a los líderes golpistas. La medida disgustó profundamente a muchos barones y no faltó la censura. La más rotunda, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que llegó a reclamar al catalán que se «tomase en serio» el Estado de Derecho. En la misma línea, el aragonés Javier Lambán le recordó que «no es comprensible ser condescendiente con individuos autores de delitos de esa gravedad».

El consuelo: doblar a Podemos

Las intenciones del PSC eran consideradas un lastre para las aspiraciones del partido en otras comunidades, a dos años de las autonómicas. Por ello, el resultado se entiende en el partido como un fracaso a las tesis que defienden acercarse al nacionalismo extremo. Se impone la moderación.

El consuelo para los socialistas catalanes viene por la distancia que se gana sobre los ‘comunes’. La candidatura de Ada Colau se queda con ocho escaños-tenía once. La mitad de los que tiene el PSOE. Un dato que tiene una clara lectura nacional en las futuras relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Tras conocerse los resultados, el dirigente socialista admitió, sincero, que «no eran los resultados que queríamos». «Pese a la mejora, no eran los resultados que perseguíamos. No hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista, ni hemos conseguido convertirnos en el ‘pal de paller’ (el centro) de esta alternativa», asumió.

El candidato socialista ha felicitado a Inés Arrimadas y a Ciudadanos por «su victoria en votos escaños», mientras que apuntó que «la mayoría independentista en escaños se ve matizada por su retroceso respecto a las elecciones de 2015 y que no ha alcanzado la mayoría de votos emitidos».

Un hecho que, a su juicio, «debería marcar la legislatura», ya que «la mayoría parlamentaria habilita a investir un presidente y un Govern que han de actuar en el marco de la legalidad constitucional y estatutaria vigente» y obligan, ha advertido, «a descartar de forma rotunda la vía unilateral e ilegal que tanto ha perjudicado a las instituciones y al país».