Dos magistrados catalanes entre los candidatos a juzgar en el Supremo a Puigdemont

Una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado el proceso para seleccionar a los tres nuevos jueces que formarán parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -competente ante un futuro y eventual enjuiciamiento de Puigdemont por sedición- al menos dos magistrados catalanes se confirman como candidatos.

Se trata del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Barrientos, y el último titular de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández.

El primero de ellos es conocido por su férrea defensa de la legalidad constitucional frente al desafío separatista catalán. Tal es así que adquirió una gran relevancia mediática tras plantar al actual presidente del Parlament, Roger Torrent, en un acto celebrado el pasado febrero por el Colegio de Abogados de Barcelona. Se levantó y abandonó el salón durante la alocución del de ERC quien calificó a los golpistas de «presos políticos».

Por su parte, Hernández ya intentó en 2018 sumarse al equipo de magistrados que integran la Sala Segunda de lo Penal del Supremo. En aquella ocasión lo hizo junto a otros 5 candidatos, tras quedar vacante una plaza por jubilación del juez José Ramón Soriano.

Para cubrir la misma se presentaron Manuela Fernández Prado y Ángel Luis Hurtado, ambos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Vicente Magro y Juan José López Ortega, procedentes de la Audiencia Provincial de Madrid, y Susana Polo García, titular de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Consenso 

La elección de los aspirantes requerirá el consenso de al menos 13 de los 21 vocales del CGPJ y deberá producirse de manera equilibrada entre los magistrados de corte progresista y los conservadores.

Hasta el momento, y mientras el plazo de presentación sigue abierto, son numerosas las solicitudes recibidas por el órgano de Gobierno de los jueces. Entre ellos, los conservadores Concepción Espejel y Eloy Velasco, ambos procedentes de la Audiencia Nacional. El último de ellos, además, adscrito por el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a la Sala de Apelaciones del tribunal central, en contra de una sentencia del propio Tribunal Supremo que consideró nula su designación para el puesto.

También se han postulado desde la Audiencia Nacional los jueces Tardón y Hurtado.

Por el sector más progresista, lo intentarán el juez de la Mata -instructor de la causa contra Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus hijos- y la magistrada Clara Bayarri, destinada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Petición de Marchena

El propio juez Manuel Marchena advertía de la necesidad de agilizar el procedimiento de selección en curso, durante su reciente comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente del consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que resultó confirmado al frente de la Sala Segunda del Supremo, para los próximos cinco años.

Aunque el presidente del tribunal sentenciador del ‘procés’ -y ponente del fallo condenatorio contra los líderes separatistas catalanes- apuntó entonces a que el Constitucional avalaría que alguno de los miembros del tribunal del juicio celebrado, repitiesen como titulares del que tendrá que juzgar a Puigdemont por sedición, si finalmente resulta entregado por Bélgica. También indicó que lo más aconsejable sería que nuevos compañeros, no «contaminados» por lo ya vivido en las sesiones celebradas, abordasen la causa contra el ex presidente de la Generalitat catalana.

Una vez que el juez instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, ha reactivado la Euroorden de entrega contra Puigdemont -y dado que el Supremo es el órgano judicial competente para enjuiciar al ex presidente catalán prófugo- sólo 2 de los 15 magistrados que actualmente conforman la Sala de lo Penal del Alto Tribunal podrían enjuiciar, sin prejuzgar, su causa.

Se trata de los jueces Eduardo Porres y Susana Polo. Ambos son los únicos que, hasta la fecha, no han participado en modo alguno durante las diferentes decisiones que -desde la fase de investigación hasta que se ha hecho público el fallo del tribunal, presidido por Manuel Marchena- ha tenido que adoptar el Supremo en el marco de la causa contra los líderes independentistas catalanes.