Detención o citación de los más de 20 empresarios que sobornaron a Convergencia y a los Pujol
La operación policial puesta en marcha esta mañana por la Guardia Civil, que ha incluido la detención del tesorero de CDC Andreu Viloca, se centra ahora en la localización de cerca de una veintena de empresarios que financiaron al partido de Artur Mas y Jordi Pujol mediante el pago de comisiones ilegales.
Según las fuentes consultadas por este diario, estos empresarios serán detenidos y puestos a disposición del juez para prestar declaración sobre el pago de presuntos sobornos a cambio de contratos adjudicados por la Generalitat y por otras Administraciones públicas gobernadas por CDC.
Entre los empresarios detenidos se encuentran Jordi Soler (del grupo Soler, que construyó el centro cívico de Sant Fruitós de Bages investigado por Anticorrupción), Juan Luis Romero Gamero (presidente de Rogasa) y Xavier Tauler Ferrer (Copisa). La operación también ha incluido registros en las oficinas de Urbaser (que se hizo con la adjudicación de la contrata de basuras de Olot, también investigada en esta causa), Tec4 y Oproler.
En cuanto a Copisa, fue una de las empresas que ha reconocido haber pagado 3,5 millones a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de los Pujol, por supuestos servicios de asesoramiento prestados entre 2005 y 2009.
Hastas las 11 de la mañana, la Guardia Civil había detenido a once personas y efectuado once registros, incluyendo las sedes de ocho empresas (entre ellas Acciona) y los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
Varias decenas de empresas de la construcción, pero también de distintos sectores, han realizado durante los últimos años donaciones a la Fundación CatDem, vinculada a Convergencia, el partido de Artur Mas. La investigación puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción y por la Guardia Civil apunta a que estos pagos constituyen en realidad comisiones para obtener contratos de la Generalitat.
Entre las empresas que efectuaron donaciones a la Fundación CatDem se encuentran las constructoras Emte y Teyco de la familia Sumarroca -que ya fue investigada en la primera fase de la operación Petrum-, y grupos como FCC, TAU Ingeniería, Bruesa Construcción, Vicsan, la UTE Centre Cívic Sant Fritós, Tamisa, Construcciones PAI, MyJ Grúas o Construcciones Deco.
También empresas de otros sectores como la multinacional del juego y las tragaperras Cirsa, Quimifina, el grupo de abastecimiento de agua Sorea, Tec-Cuarto SA, Esteve Química, Servià Cantó, Aglomerats Girona, Bluegreen Village, Urcotex Inmobiliaria, Aquagest, Ditransco, GBI Serveis, New Letter, y Asphalt Road.
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