Denuncian a Carmena ante el juez por borrar la huella de crímenes del Frente Popular

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha comenzado a aplicar la Ley de Memoria Histórica, pero no para eliminar los vestigios del Franquismo, sino para borrar los crímenes cometidos por el bando republicano.

Su primera actuación ha sido la retirada de una placa colocada en el cementerio de Carabanchel Bajo en recuerdo de ocho frailes carmelitas que fueron fusilados el 18 de agosto de 1936, un mes después del inicio de la Guerra Civil.

Como se puede comprobar en la imagen que acompaña a esta noticia, no hay nada en la placa que pueda interpretarse como una exaltación del Franquismo o de la dictadura: tan sólo el recuerdo de ocho personas asesinadas por sus creencias religiosas.

Quizá por ello, el equipo de gobierno de Carmena ha decidido eliminar este incómodo testimonio, utilizando como pretexto la Ley de Memoria Histórica aprobada por Rodríguez Zapatero para borrar el pasado.

El Grupo Municipal del PP tiene previsto presentar esta mañana una denuncia ante los Juzgados de Plaza de Castilla contra la alcaldesa Manuela Carmena y la concejal de Cultura, Celia Mayer, por un delito de prevaricación al quitar “de forma intencionada y a sabiendas de su injusticia” varios monumentos ubicados en la capital, ajenos al Franquismo y que no vulneran la Ley de Memoria Histórica.

La denuncia no se refiere sólo a la lápida de los beatos carmelitas de Carabanchel. El Ayuntamiento también ha retirado una placa dedicada a José García Vara, asesinado más de un año antes del inicio de la Guerra Civil, que estaba colocada en un edificio protegido de la calle Arrieta.

El inmueble forma parte del conjunto histórico de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y por tanto no puede ser alterado sin la autorización previa de la Comisión de Patrimonio Histórico que depende de la Comunidad de Madrid.

Las Brigadas Internacionales sí tienen monumento

El PP también ha incluido en su denuncia una tercera actuación: el derribo del monolito dedicado al Alférez Provisional en la plaza de Felipe IV que recuerda a un colectivo que luchó en uno de los bandos, al igual que «hicieron las Brigadas Internacionales en el bando republicano, que cuentan con un monumento en la Universidad Complutense”, indican los populares.

Los populares encabezados por Esperanza Aguirre solicitan que se imponga a la alcaldesa Carmena una pena de entre 9 y 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por dictar «resoluciones administrativas groseramente ilegales y con desprecio consciente a la normativa sobre Patrimonio Histórico».

Después de que el PP anunciara su intención de presentar esta denuncia, el equipo de gobierno de Carmena ha indicado que la retirada de la placa dedicada a los religiosos asesinados «ha sido un error y, como tal, va a ser subsanado: se repondrá».