El Defensor del Paciente recurre a la Fiscalía la «imposición» del catalán en la sanidad balear

La Asociación El Defensor del Paciente ha rechazado mediante un escrito remitido al fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, la «imposición» por parte del Govern de las Islas del conocimiento del idioma catalán en la sanidad pública al generar «graves prejuicios para los pacientes y los profesionales».

En el escrito la asociación ha señalado que el Ejecutivo balear «utiliza la dictadura y no la cordura irrumpiendo gravemente el derecho de los ciudadanos y el incumplimiento de la Constitución».

Además, el colectivo ha expresado que el uso del catalán es «una opción válida pero nunca impositiva». En este sentido, ha criticado que los pacientes que no hablan catalán «se sentirán excluidos al acudir a un hospital público».

Finalmente, la asociación ha manifestado que los extranjeros que necesiten asistencia sanitaria «no tienen que soportar la imposición de saber catalán» y han destacado que Baleares «es fundamentalmente una comunidad turística».

Imponer también la rotulación

La sanidad balear no es el único ámbito que sufre la imposición del catalán: En las últimas horas se ha conocido que la Abogacía del Estado había interpuesto un recurso contra el Ayuntamiento de Pollensa y su acuerdo de dictadura lingüística para eliminar el español en rótulos y cartelería de comercios, empresas y restaurantes. Una medida aprobada por unanimidad en este consistorio de Mallorca que ha contado con el voto a favor del Partido Popular.

El PP balear suma voces contrarias a ese recurso del Estado contra la dictadura lingüística. Se trata de una convocatoria municipal de subvenciones para imponer la rotulación en catalán. Y los abogados del Estado exigen a los juzgados la suspensión cautelar de esas ayudas con dinero público cuyo objetivo es erradicar el castellano de la economía mallorquina. Y eso incluso después de que haya tenido que defender la necesidad de velar por las dos lenguas cooficiales (y no sólo por una) la misimísima delegada del Gobierno en las islas, María Salom.