La CUP quiso derogar el plan de los Mossos para detectar la radicalización islámica en los colegios

Tres semanas antes del atentado de Barcelona que acabó con la vida de 15 personas era la islamofobia, y no el terrorismo islamista, el problema de urgencia que preocupaba a la mayoría de los políticos catalanes. El Parlament debatió sobre sobre el asunto el pasado 27 de julio, con motivo de una moción de los antisistema de la CUP. Sus señorías, según el texto aprobado, habían detectado el incremento de un clima de odio y discriminación hacia las personas musulmanas que hacia necesario la adopción de medidas.

Entre las solicitadas por los antisistema liderados por Anna Gabriel para mejorar el trato a la población musulmana figuraba la derogación del Protocolo de Radicalización Islámica en los colegios e institutos catalanes, un modelo de prevención implantado en 2015 que había contado con el asesoramiento destacado de los hoy elogiados Mossos d’Esquadra.

Cataluña cuenta con 76.000 alumnos musulmanes en sus aulas, la región española con mayor cantidad de inmigrantes musulmanes. Además, esta región está considerada uno de los principales focos de integrismo de Europa porque acoge la mitad de las mezquitas y oratorios vinculados al salafismo, la rama del Islam que propugna una interpretación al pie de la letra del Corán.

Entre las recomendaciones del protocolo para prevenir el radicalismo figuran, por ejemplo, un seguimiento de cambio de actitudes en los estudiantes, en su vestuario o en su el rendimiento escolar.

La intención derogatoria de la CUP fue derrotada porque el apoyo del PSOE a cambiar “derogar” por “sustituir” y el respaldo de Podemos no fue suficiente. El PP y JxSí se opusieron a que la Generalitat renunciara a un instrumento del que se había dotado apenas dos años antes. C’s se abstuvo.

Con el único voto en contra el PP

La moción que terminó saliendo adelante para combatir la islamofobia, con el único voto en contra del PP en todos sus puntos, instó al gobierno catalán, entre otras cosas, a:

. Elaborar en el término de 90 días un informe sobre las posibles medidas legales para fomentar la incardinación de las mezquitas y centros de culto en la trama urbana de los municipios.

. Aplicar los protocolos policiales que tienen por objeto garantizar que los miembros de los Mossos no usen perfiles étnicos y religioso en las tareas de patrullaje y seguridad ciudadana.

. Eliminar el binomio “terrorismo islamista” y usar una terminología más apropiada para designar el terrorismo de carácter integrista.