El cuñado de Cerdán condenado por violencia de género cobró 53.000 € de Servinabar mientras cumplía condena

Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue condenado a tres años de prisión por prender fuego al vehículo adaptado de su hijo discapacitado mientras su ex esposa y sus dos hijos menores dormían en la vivienda contigua. La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, dictada el 21 de noviembre de 2018, lo declaró responsable de amenazas en el ámbito familiar y daños, en un caso marcado por la violencia machista, las drogas y las amenazas de muerte.

Lo más llamativo del caso es que, mientras cumplía el tercer grado penitenciario en una cárcel sevillana, Muñoz Cano fue contratado por Servinabar, la empresa del cuñado de Pedro Sánchez. Entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, percibió un total de 53.130 euros como «peón especialista», siendo el único trabajador que la compañía de Cerdán destinó a las obras del Puente del Centenario de Sevilla.

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, gracias a ese único empleado Servinabar cobró una mordida de 1,8 millones de euros de Acciona, de los que aparentemente se embolsó 450.000 euros directamente. Un colaborador le dijo a Cerdán que «por lo de Sevilla» le correspondía esa cantidad.

Un incendio premeditado con sus hijos dentro

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 30 de noviembre de 2016 en Muro, una localidad mallorquina. Muñoz Cano, el hermano de Paqui, la mujer de Cerdán, escaló una pared para acceder al garaje de la casa de su suegra, donde dormían su ex esposa y sus dos hijos menores. Una vez dentro, prendió fuego al vehículo Ford C Max adaptado a las necesidades de su hijo menor, de siete años, que padece una diversidad funcional que le impide caminar y valerse por sí mismo. El hermano mayor tenía once años.

La sentencia recoge que el acusado actuó «a sabiendas del peligro inherente a su acción o asumiendo que podría producirse», poniendo en riesgo la integridad física de sus familiares y de los vecinos. Al abandonar el lugar, dejó abierta la puerta del garaje hacia un patio lleno de objetos inflamables que conectaba con la vivienda donde dormía la familia, situada a sólo 14 metros del origen del incendio.

El fuego destruyó completamente el vehículo, valorado en 11.900 euros, y causó desperfectos en el garaje y sus inmediaciones tasados en 22.543 euros. La vivienda colindante también resultó afectada.

Amenazas de muerte y adicción a las drogas

El incendio fue la culminación de un calvario para la víctima. Días antes, el 14 de noviembre de 2016, durante un ingreso hospitalario en el Hospital de Inca, Muñoz Cano había amenazado gravemente a su esposa y su cuñado: «No me hagáis una putada que ya veis, siendo bueno, las cosas malas que hago; siendo malo, imaginad lo que os puedo hacer. Me doy miedo a mí mismo de lo que puedo hacer, id con cuidado porque os puedo hacer mucho daño».

La sentencia atribuye el deterioro del matrimonio «principalmente a consecuencia de la dependencia del procesado a sustancias estupefacientes». El 20 de noviembre de 2016, tras recibir el alta hospitalaria, su mujer le planteó la separación, una decisión que, según el fallo judicial, el acusado «nunca llegó a asimilar del todo».

Cinco días después, el 25 de noviembre, se presentó en casa de su cuñado para amenazarle: «Te voy a matar, a arrancar la cabeza, te voy a ver vestido de luto». Dos días más tarde prendió fuego al coche con sus hijos durmiendo cerca.

De la cárcel de Mallorca a la nómina de Cerdán

Antonio Muñoz Cano, natural de Los Corrales (Sevilla) y hermano de Paqui Muñoz, esposa de Santos Cerdán, ingresó en la cárcel de Mallorca el 2 de diciembre de 2016. Tras ser trasladado a una prisión sevillana y acceder al tercer grado (régimen de semilibertad), fue contratado por Servinabar el 23 de septiembre de 2019.

La contratación fue gestionada por Antxón Alonso y Manuel José García Alconchel, director de Acciona en la zona sur y África. Según la UCO, esta contratación es una muestra más de los vínculos entre ambas empresas y del entramado que permitió a Servinabar facturar millones sin apenas estructura ni trabajadores propios.

Las penas impuestas

Por el delito de amenazas en el ámbito familiar, Muñoz Cano fue condenado a 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años, y prohibición de aproximarse a su ex pareja a menos de 300 metros durante cinco años.

Por el delito de daños, recibió tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, prohibición de aproximación y comunicación con su ex mujer, y prohibición de residencia en la isla de Mallorca durante cinco años. Por las amenazas a su cuñado, se le impuso una multa de tres meses con cuota diaria de seis euros y prohibición de acercarse a él durante seis meses.

El acusado admitió los hechos ante el tribunal y aceptó la condena conforme a la petición de la Fiscalía. Curiosamente, no fue condenado por violencia de género pese a la naturaleza de los hechos.