Corredor negó en el chat de registradores que el Gobierno persiga las críticas en las redes: «Fue un lapsus»

Su cargo como presidenta de la compañía semipública Red Eléctrica de España (REE), por el que cobra 546.000 euros anuales, deja mucho tiempo libre a la ex ministra socialista Beatriz Corredor para enzarzarse en discusiones en un chat profesional de registradores de la propiedad (un empleo del que se encuentra en excedencia).

En una de estas discusiones, hace apenas diez días, Beatriz Corredor no dudó en expresar su apoyo al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, después de que desvelara en una rueda de prensa que su servicio de Información se dedica a perseguir los bulos en las redes sociales para «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno».

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se apresuró a asegurar que las palabras del general de la Guardia Civil se debían a un «lapsus», una tesis que también asumió la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en su chat de registradores de la propiedad.

«Muchísimos periodistas de medios diversos que lo han escuchado han entendido que era un lapsus», escribió Corredor en el chat, «las personas expuestas al público pueden expresarse mal. Nos pasa a todos. Linchar al guardia civil (¡altísimo mando! Larga trayectoria) por una mala expresión me parece exagerado y querer sacar las cosas de quicio. Llamar sinvergüenzas urbi te orbi me parece injustificado».

Pero tanto el ministro Marlaska como Beatriz Corredor mentían. El general de la Guardia Civil José Manuel Santiago no cometió ningún «lapsus», sino que dijo una verdad incómoda para el Gobierno en una rueda de prensa televisada.

Siguiendo instrucciones del Ministerio de Interior, la dirección de la Guardia Civil remitió los días 15 y 16 de abril a sus distintas Comandancias un correo electrónico en el que les instaba a llevar a cabo la “identificación, estudio y seguimiento de […] campañas de desinformación» en las redes sociales, así como «bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez había puesto a la Guardia Civil a su servicio para perseguir en las redes los mensajes críticos con su desastrosa gestión de la crisis del coronavirus que ya ha costado más de 35.000 muertes (incluyendo las registradas en residencias de ancianos que el Ministerio de Sanidad se niega a contabilizar).