El contrato de la escolta de Montero prueba que no se firmó con una empresa de seguridad como exige la ley

Podemos contrató a la escolta que ahora demanda al partido por el trato «discriminatorio» de Irene Montero, sin mediar para ello una empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, tal y como obliga la ley vigente.

La formación morada incumplió los requisitos legales para la actividad de protección de personas a título particular que «únicamente» puede «ser desarrollada por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”.

Esto es, Podemos incurrió en una «clara ilegalidad» -tal y como avisó en 2016 el entonces jefe de seguridad del partido a la propia Montero, vía mail- al contratar a la trabajadora sin recurrir a una empresa correctamente autorizada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía Nacional, «para el ejercicio de dicha actividad».

Así consta en el documento laboral suscrito entre la escolta y Podemos, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, y que la propia trabajadora ha presentado como prueba ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid.

En el contrato registrado por Podemos la escolta figura como personal del Área de Logística del Partido, en el grupo de «ayudantes no titulados». Sin embargo, el jefe de seguridad del partido, Sergio Illanes, afirmaba en un correo remitido a la dirección de Podemos que «dado que las funciones que viene a desempeñar son las de Escolta», el hecho de que en los contratos figurase una categoría profesional diferente generaba un «problema legal» grave.

Claramente ilegal

El jefe de Seguridad de Podemos en 2016, Sergio Illanes, advirtió a la dirección de la formación morada de que la situación laboral de su escolta, convertida en recadera por Irene Montero, era ilegal.

En un mail remitido en noviembre de dicho año por el responsable del área de seguridad del partido al Consejo de Coordinación -del que formaban parte tanto Montero como Pablo Echenique- Illanes mostraba su preocupación por la “clara ilegalidad” en la que estaba incurriendo Podemos al contratar, al menos, a dos de sus escoltas como empleados del área de Logística y Transporte.

“Ya hemos escrito por varias vías y reiteradas veces al Consejo de Coordinación y al departamento de legal (el cual coincide con el criterio y los informes presentados)”, decía Illanes en una comunicación en la que se lamentaba de que dicho Consejo hubiese “omitido en repetidas ocasiones la deliberación y decisión sobre los compañeros de Logística y Transporte”. Entre ellos, la escolta de Montero que demanda a Podemos por el trato “discriminatorio” de ésta.

La omisión de Podemos “deja a dichos compañeros en una situación de clara ilegalidad, sobre la que son responsables tanto ellos -de forma injusta- como el partido”, decía Illanes en el mail dirigido a la directiva de la formación, al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva.

El entonces jefe de Seguridad de Podemos afirmaba que “dado que las funciones que vienen a desempeñar son las de Escolta”, el hecho de que en el contrato figurase una categoría profesional diferente generaba un “problema legal” importante para el partido.

Intrusismo 

La Policía investiga ahora de oficio si dichos trámites y requisitos se cumplieron en el caso de la escolta contratada por Podemos y que trabajó para Pablo Iglesias, Irene Montero y Gloria Elizo hasta su despido, sin previo aviso, el pasado mes de junio de 2019.

El expediente abierto a Podemos se produce tras una denuncia de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) ante la Dirección General de la Policía Nacional, al hilo de las informaciones publicadas la pasada semana en exclusiva por OKDIARIO.

“La contratación directa de este tipo de servicio incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada 5/2014”, advierte ASES en su escrito, al mismo tiempo que considera “de especial gravedad” que “este tipo de comportamiento” se dé “por parte de miembros del legislativo”.

La legislación “prohíbe la contratación de personas no habilitadas por el Ministerio del Interior para estas funciones”, estando previstas en estos casos “sanciones de hasta 600.000 euros” entre otras consecuencias.

Tal es así que la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad anunciaba que instará “a la Fiscalía” para que actúe en el caso de “la escolta de la diputada Doña Irene Montero” por si la misma fuese constitutiva de un «delito de intrusismo» laboral.