El Constitucional de Pumpido da la razón al PSOE y tumba la reforma del Senado para retrasar la amnistía

El Pleno del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, ha admitido el recurso del PSOE contra la reforma que impulsó el PP en el Senado para dilatar la aplicación de la ley de amnistía. Así se ha expresado el Alto Tribunal en una nota informativa a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, se trata de la modificación del art. 133.2 del Reglamento interno del Senado que preveía que únicamente la Mesa de esta Cámara, con mayoría del PP, pudiera decidir sobre la aplicación del procedimiento de urgencia para la tramitación de proposiciones de ley solicitadas tanto por el Gobierno como por el Congreso de los Diputados.

Según esta normativa, una vez declarada la urgencia, el Senado dispondría de un plazo de veinte días «para ejercer sus facultades legislativas respecto de los proyectos de ley aprobados por el Congreso de los Diputados».

Para admitir el recurso del Grupo Socialista, el Constitucional se ampara en que la norma del PP es contraria a la Constitución española. En concreto, se centra en su artículo 90.3 de la Carta Magna, en el que señala que el Senado pasa de un plazo de dos meses a otro de veinte días naturales, para vetar o enmendar un «proyecto» declarado «urgente» ya sea por el Ejecutivo o por la Cámara Baja.

De hecho, los magistrados distinguen entre los conceptos «proyecto» y «proyectos» que se utilizan en el precepto constitucional. Para los magistrados, ese término «incluye tanto los proyectos de ley, de origen gubernamental, como las proposiciones de ley, de origen parlamentario o popular».

Según la misiva del organismo, referirse a un «proyecto de ley ordinaria u orgánica» aprobada por la Cámara Baja, «ha de interpretarse necesariamente en el sentido de incluir tanto a los proyectos como a las proposiciones de ley aprobadas por el Congreso de los Diputados».

El Grupo Popular en el Senado ha asegurado que acatará el dictado del Constitucional pero que, en ningún caso, la sentencia puede perjudicar a la calidad legislativa durante el trámite parlamentario de las leyes en el Senado.

Fuentes populares a este medio señalan que la sentencia de este miércoles, «demuestra la colonización de las instituciones que está llevando a cabo el sanchismo, como cuando adelantaron noticias sobre el caso de los ERE o la investigación a González Amador».

En el PP, defienden que, la reforma ahora impugnada, es uno de los pilares sobre los que se levanta la nueva propuesta de reforma íntegra del Reglamento registrada esta semana. El grupo que capitanea Alicia García en el Senado de hecho, ya ha tendido la mano al PSOE para sumarse a su proyecto.

Fuentes populares esperan que «sea también un objetivo compartido con el PSOE y detrás de estas maniobras no se escondan las urgencias de Sánchez para aprobar una serie de leyes que le urgen, como la Ley Begoña».