La Fiscalía, a las órdenes de Sánchez: pide la amnistía para Puigdemont porque «no se enriqueció»

La Fiscalía ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo que se aplique la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont al manifestar que «no se emplearon fondos europeos» ni hubo enriquecimiento personal del líder de Junts, tal y como sostiene el juez Pablo Llarena. Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado, los dos órganos dependientes del Gobierno de Sánchez, se han mostrado a favor de que se le aplique la norma que perdona una década del procés.

En una nueva demostración de disposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Fiscalía asegura que Puigdemont no se enriqueció y por ende, pide su amnistía. Lo ha hecho en una vista pública para revisar los recursos del que fuera presidente catalán y de los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Llarena que rechazó perdonarles el delito de malversación y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. A esta tesis se han sumado también la Abogacía del Estado y los letrados de los procesados.

María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos del fiscal general Álvaro García Ortiz, ha pedido estimar los recursos. En su opinión, «decir que los actos fueron conducidos a obtener un beneficio patrimonial es cuando menos sorprendente» porque «nadie dijo que fuera encaminado» a ello. La Fiscalía ha sostenido que los encausados no tenían el «fin» de beneficiarse económicamente con la consulta del 1-O, por lo que ha defendido «la amnistiabilidad de los hechos».

Además, en contra del criterio del juez y de la Sala, «no han sido empleados fondos europeos de la UE» y «no se ha producido merma alguna en el presupuesto europeo», que era otro de los argumentos para no aplicar la amnistía a los líderes del procés, ya que «los fondos pertenecían exclusivamente a la Generalitat y esto está acreditado».

Puigdemont reclama al TSJ catalán

La defensa de Puigdemont ha insistido este lunes en que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para aplicarle la Ley de Amnistía, toda vez que como diputado del Parlament entiende que ello es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Gonzalo Boyé, abogado del líder de Junts, se ha pronunciado así en una sesión pública celebrada para la exposición de los recursos contra la decisión del magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, de no aplicarle la ley de amnistía. En la sesión también han estado presentes la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.

Boye ha defendido que el Supremo no es competente para aplicar la Ley de Amnistía a los procesados del ‘procés’, entre ellos su cliente Puigdemont. «Sin lugar a duda tenemos razón», ha dicho. A su juicio, «esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al TSJ de Cataluña y no a la Sala Segunda del Supremo», debido a que Carles Puigdemont «fue elegido diputado de Cataluña».