España
Congreso de los Diputados

El Congreso paga 11.260 € del IBI al año por el palacete de 1.092 m2 donde vive la socialista Armengol

Así consta en el Presupuesto del Congreso para 2025 aprobado por la Mesa pese al rechazo del PP

La diputada socialista percibe un importe anual de 214.444,86 euros como tercera autoridad del Estado

El Congreso de los Diputados paga 11.260,46 euros al año de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el palacete de 1.092 metros cuadrados superficie que el Parlamento costea como residencia de la presidenta de la Cámara y tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, señalada además en la trama de presunta corrupción del caso Koldo. Así consta en el presupuesto del Congreso -al que ha tenido acceso OKDIARIO- para el ejercicio de 2025, documento que la Mesa de la Cámara aprobó este martes con apoyo del PSOE y Sumar -los dos partidos del Ejecutivo de coalición- y el rechazo del PP, según apuntaron fuentes parlamentarias a este periódico.

En el proyecto de presupuesto del Congreso para 2025 se dice que el importe abonado en concepto de IBI por este inmueble se situó igualmente en 2023 en 11.260,46 euros. Misma cifra que la Cámara pagó en el año 2022 y que contempló en sus cuentas para el presente ejercicio. En su caso, Armengol viene haciendo uso de este palacete en el centro de Madrid prácticamente desde su llegada al cargo, que fue en agosto de 2023. Sin embargo, su antecesora, Meritxell Batet, también socialista, estuvo residiendo de alquiler en Madrid en la pasada legislatura.

Este palacete no se usa como residencia oficial continuada desde que Patxi López, actual portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, se instalara en él en su breve mandato como tercera autoridad del Estado en la XI legislatura, allá por el año 2016. Un hecho que provocó una sonada polémica, sobre todo porque su antecesor en el cargo, Jesús Posada, del PP, no utilizó esta vivienda con cargo al Estado, sino que residió en un piso de su propiedad en Madrid. El Grupo Popular advirtió entonces que el ex lehendakari del PSOE tenía salario suficiente para alquilar una vivienda «digna», lejos de los privilegios y la suntuosidad del casoplón que paga la Cámara Baja con dinero de todos los contribuyentes.

Esta finca, ubicada en el distrito de Retiro, a sólo 700 metros a pie de la Cámara Baja, es propiedad de Patrimonio del Estado y tiene una superficie de 1.092,80 metros cuadrados, según información del Congreso de los Diputados. El inmueble cuenta con tres plantas y un garaje en el semisótano, así como ascensor, despacho, salones, dormitorios, gimnasio y sauna. A ello se unen los gastos de agua, electricidad, gas, mantenimiento y seguridad.

En concreto, Armengol, que vuelve a hacer uso residencial del palacete siete años después, percibe como presidenta del Congreso -es diputada por Baleares- un importe anual de 214.444,86 euros en 14 pagas. En su declaración de bienes y rentas con motivo de la nueva legislatura, la ex presidenta del Gobierno de Baleares indica que tuvo allí un salario anual de 71.502,62 euros y que cobró 23.735,71 euros en concepto de dietas. Además, refleja un piso en las islas adquirido en el año 2002, un Jeep Gran Cherokee de «segunda mano» de 2012 y un saldo de 88.009,88 euros, incluyendo aquí un «depósito en cuenta corriente, seguros y un plan de pensiones».

«De forma arbitraria»

Entretanto, la asociación Veritas Justicia registró recientemente en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional un escrito en el que se solicitó que la presidenta del Congreso de los Diputados y ex jefa del Govern declare en calidad de testigo en la causa abierta por el caso Koldo

En el escrito, que también incluyó que sea citada la ex consejera de Salud y actual diputada socialista en el Parlament, Patricia Gómez, se dice que «la adjudicación del contrato de suministro de mascarillas en las Islas Baleares a la empresa investigada y su entorno, por importe de 3.701.500 euros más otra adjudicación posterior de 56.715,24 euros, se llevó a cabo de forma arbitraria, manifestándose en la ausencia de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, responsabilidad que pudiera alcanzar a los cargos mencionados».

«A mayor abundamiento -añade el escrito- consideramos que, vistas las manifestaciones públicas vertidas por la señora Armengol, se desprende que la misma tuvo conocimiento de la contratación, adjudicación e irregularidad de la contratación».

El pasado marzo, el PP exigió por escrito en el Congreso de los Diputados la dimisión de Armengol, por el caso Koldo, enumerando los hechos que la relacionan con una «gravísima causa por corrupción» durante la pandemia y que, según el partido de Feijóo, viene a unirse a «otros escándalos que protagonizó» durante su mandato en el Govern balear. Meses después, en junio, los populares citaron a la dirigente socialista en la comisión del caso Koldo en el Senado, donde Armengol negó la mayor.